{"id":"853e2dc7-8356-445c-877c-2006fe127893","createdAt":"2023-05-23T15:00:53.481Z","updatedAt":"2023-05-23T15:00:53.481Z","number":"25914","numberSort":25914,"publishedAt":"2007-11-07T00:00:00.000Z","publishedAtSearch":"07/11/2007","comment":null,"url":"https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/GACETAS/2000/2007/25914_2007.pdf","contentUrl":"https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/GACETAS/2000/2007/25914_2007/content.pdf","content":"\n\n[IMAGE] \nAño CIIIPanamá, R. de Panamá miércoles 7 de noviembre de 2007\nNº 25914\nCONTENIDO\nASAMBLEA NACIONAL\nLey Nº 45\n(De miércoles 31 de octubre de 2007)\n“QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA \nDISPOSICION.”\nAVISOS / EDICTOS\n \nLEY No. 45\nDe 31 de octubre de 2007\nQue dicta normas sobre protección al consumidor\ny defensa de la competencia y otra disposición\nLA ASAMBLEA NACIONAL\nDECRETA:\nTítulo I\nMonopolio\nCapítulo I\nDisposiciones Generales\nArtículo 1. \nObjeto. La presente Ley tiene por objeto proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la\nlibre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los\nmercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.\nArtículo 2. \nÁmbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean personas naturales o\njurídicas, empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciantes o profesionales, entidades\nlucrativas o sin fines de lucro, o a quienes, por cualquier otro título, participen como sujetos activos en la actividad \neconómica.\nIgualmente, se aplicará a todos los actos o prácticas que surtan sus efectos en la República de Panamá, indistintamente del\nlugar en donde se perfeccionen.\nArtículo 3. \nMonopolios y actuaciones oficiales. Esta Ley no se aplicará a las actividades económicas que la Constitución\nPolítica y las leyes reserven exclusivamente al Estado y no hayan sido otorgadas en concesión. En lo que no concierna a\ntales actividades económicas reservadas, las instituciones y dependencias del Estado y los municipios están obligados a\nacatar las disposiciones contenidas en la presente Ley.\nEl Estado velará por que en sus decisiones y actos administrativos se resguarden los principios de libre competencia y\nlibre concurrencia económica, señalados en esta Ley. A tal efecto, todos los municipios, instituciones autónomas o\nsemiautónomas e instituciones estatales en general podrán solicitar concepto a la Autoridad de Protección al Consumidor\ny Defensa de la Competencia, en adelante la Autoridad, cuando en el ámbito de sus decisiones se pueda afectar la libre\n1No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\ncompetencia o la protección al consumidor.\nSe exceptúa de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley cualquier acto, reunión, acuerdo, arreglo,\nconvenio o fórmula, o cualquier otro mecanismo o modalidad que promueva el Estado con agentes económicos,\ncuando dicho mecanismo o modalidad se realice con miras a salvaguardar el interés público.\nEl interés público deberá ser declarado por el Consejo de Gabinete, para lo cual se podrá solicitar opinión del\nConsejo Asesor.\nArtículo 4. \nExclusiones. No se consideran prácticas monopolísticas:\n1. Las convenciones colectivas de trabajo que celebren las organizaciones sindicales de trabajadores asalariados con un\nempleador o con un grupo de empleadores, para obtener mejores condiciones laborales. \n2. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial que la ley reconozca a sus titulares, los que conceda\ndurante un tiempo determinado a los titulares de los Derechos de Autor y Derechos Conexos para el ejercicio de sus\nderechos y los que otorgue a inventores para el uso exclusivo de sus inventos. \nArtículo 5. \nEficiencia económica. Cualquier acto, acuerdo, alianza, asociación, convenio o contrato que genere\nincremento en la eficiencia económica y no perjudique al consumidor no se considerará que restringe, disminuye,\ndaña, impide o vulnera la libre competencia y la libre concurrencia económica. El agente económico que alegue lo\nanterior deberá acreditarlo.\nArtículo 6. \nExcepción. Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley los actos, los acuerdos, las alianzas, las\nasociaciones, los convenios, los contratos o cualquier otro que realicen agentes económicos, que tengan como objetivo el\nincremento, el ahorro o la mejora de la producción y/o distribución de bienes o servicios o fomenten el progreso técnico o\neconómico y que generen beneficios para los consumidores o el mercado, siempre que consistan en:\n1. El intercambio de información técnica o de tecnología. \n2. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de infraestructura, equipos, recursos o facilidades de producción y\ntecnología. \n3. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de facilidades de acopio, almacenaje, transporte y distribución. \n4. Que el producto de dichos actos sea exportado. \nCapítulo II\nPrácticas Monopolísticas\nArtículo 7. \nProhibición. Se prohíbe, en las formas contempladas en esta Ley, cualquier acto, contrato o práctica que\nrestrinja, disminuya, dañe, impida o, de cualquier otro modo, vulnere la libre competencia económica y la libre\nconcurrencia en la producción, procesamiento, distribución, suministro o comercialización de bienes o servicios.\nArtículo 8. \nMercado pertinente. El mercado pertinente se determina por la existencia de un producto o servicio o de un\ngrupo de productos o servicios y de otros productos o servicios sustitutivos, dentro del área geográfica en que tales\nproductos o servicios son producidos o vendidos. En los casos que así se requiera, además de las dimensiones previamente\nseñaladas, podrá considerarse una dimensión funcional y temporal en la definición de mercado pertinente.\nArtículo 9. \nLibre competencia económica. Se entiende por libre competencia económica la participación de distintos\nagentes económicos en el mismo mercado pertinente, actuando sin restricciones ilícitas en el proceso de producción,\ncompra, venta, fijación de precios y otras condiciones inherentes a su actividad económica.\nPara los efectos de esta Ley, se considera un solo agente económico el conjunto de personas jurídicas de Derecho Privado\nque estén controladas por un mismo grupo económico.\nArtículo 10. \nLibre concurrencia. Se entiende por libre concurrencia la posibilidad de acceso de nuevos competidores al\nmismo mercado pertinente.\nArtículo 11. \nPosición monopolística. No infringe esta Ley el agente económico que se encuentre en una posición de\nmonopolio o la alcance, si tal posición no ha sido obtenida mediante prácticas prohibidas por esta Ley.\n2No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 12. Carácter ilícito de las prácticas monopolísticas absolutas. Las prácticas monopolísticas absolutas, definidas\nen el artículo siguiente, tienen en sí mismas carácter ilícito, salvo las excepciones y los casos previstos en esta Ley.\nArtículo 13. \nPrácticas monopolísticas absolutas. Son prácticas monopolísticas absolutas cualquier acto, combinación,\narreglo, convenio o contrato, entre agentes económicos competidores o potencialmente competidores, entre sí, o a través\nde asociaciones cuyos objetos o efectos sean cualesquiera de los siguientes:\n1. Fijar, manipular, concertar, acordar o imponer el precio de venta o compra de bienes o servicios, o intercambiar\ninformación con el mismo objeto o efecto.\n2. Acordar la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solamente una cantidad limitada de bienes, o la\nde prestar un número, un volumen o una frecuencia limitado de servicios.\n3. Dividir, distribuir, asignar, acordar o imponer porciones o segmentos de un mercado existente o potencial de bienes y\nservicios, mediante clientela, proveedores, tiempo o espacios determina-dos o determinables.\n4. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones públicas, por mejor valor, para convenio\nmarco y de subasta en reversa, subasta de bienes públicos, así como cualquier otra forma de contratación con el Estado.\nArtículo 14. \nSanciones. Los actos que constituyan prácticas monopolísticas absolutas no tendrán validez jurídica, y los\nagentes económicos que los realicen serán sancionados conforme a esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal que\nles corresponda.\nEstos actos serán sancionados aun cuando no se hayan perfeccionado o no hayan surtido sus efectos.\nArtículo 15. \nConcepto de prácticas monopolísticas relativas ilícitas. Son prácticas monopolísticas relativas ilícitas las que\ndisminuyan o impidan la libre competencia o la libre concurrencia entre agentes económicos, de conformidad con los\nsupuestos previstos en los artículos 16, 17, 18 y 19 de esta Ley.\nArtículo 16. \nPrácticas monopolísticas relativas ilícitas. Con sujeción a que se comprueben los supuestos previstos en los\nartículos 15, 17, 18 y 19 de la presente Ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas y, por consiguiente, se\nprohíben los actos unilaterales, las combinaciones, los arreglos, los convenios o los contratos cuyo objeto o efecto sea\ndesplazar irrazonablemente a otros agentes del mercado, impedirles irrazonablemente su acceso o establecer\nirrazonablemente ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos, en los casos siguientes:\n1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, la imposición o el establecimiento de la\ndistribución exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto o de la situación geográfica o por periodo de tiempo\ndeterminado, incluyendo la división, distribución o asignación de clientes o proveedores, así como la imposición de\nla obligación de no producir o distribuir bienes o servicios por un tiempo determinado o determinable. \n2. La imposición o fijación de precios y demás condiciones por parte del fabricante, productor o proveedor para la\nreventa de bienes o servicios. \n3. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional,\nnormalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad. \n4. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios\nproducidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. \n5. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar, a determinadas personas, bienes o servicios\ndisponibles y normalmente ofrecidos a terceros, salvo que medie incumplimiento por el cliente o potencial cliente de\nobligaciones contractuales con el agente económico, o que el historial comercial de dicho cliente o potencial cliente\ndemuestre un alto índice de devoluciones o mercancías dañadas. \n6. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación de estos para ejercer presión contra algún cliente o\nproveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias o de obligarlo a actuar en\nun sentido determinado. \n7. Cualquier acto predatorio realizado unilateral o concertadamente por un agente económico, tendiente a causar daños\ny perjuicios o a sacar del mercado pertinente a un competidor, o a prevenir que un potencial competidor entre a dicho\nmercado, cuando de tal acto no puede esperarse razonablemente la obtención o el incremento de ganancias, sino por\nla expectativa de que el competidor o potencial competidor abandonará la competencia o saldrá del mercado, dejando\nal agente con un poder sustancial o con una posición monopolística sobre el mercado pertinente. \n8. La acción unilateral o concertada, consistente en acaparar la producción, distribución o venta de bienes o servicios,\n3No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\ncon el objeto o efecto de obtener ganancias en su posible posterior venta o tendiente a favorecer a un tercero en la\nproducción, distribución o venta de dicho producto o servicio. \n9. En general, todo acto que irrazonablemente dañe o impida el proceso de libre competencia económica y la libre\nconcurrencia en la producción, el procesamiento, la distribución, el suministro o la comercialización de bienes o servicios. \nArtículo 17. \nSupuestos de hecho. Las prácticas monopolísticas relativas se considerarán violatorias de la presente Ley si\nel agente o los agentes económicos tienen poder sustancial, individual o colectivo sobre el mercado pertinente.\nArtículo 18. Determinación del mercado pertinente. El mercado pertinente, en el caso de que se trate, se determinará con\nbase en los siguientes elementos:\n1. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, y la\ncapacidad de los consumidores de contar con bienes o servicios sucedáneos.\n2. Los costos de distribución del bien mismo, de sus insumos, de sus complementos y de sus sustitutos dentro del territorio\nnacional o en el extranjero, teniendo en cuenta los costos de transporte, los aranceles y las restricciones no arancelarias,\nlas restricciones impuestas por los agentes económicos o sus asociaciones, así como el tiempo requerido para abastecer el\nmercado pertinente.\n3. Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados.\n4. Las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los\nproveedores a clientes alternativos.\n5. La dinámica de innovaciones.\nArtículo 19. \nPoder sustancial. Para determinar si un agente económico tiene o no poder sustancial sobre el mercado\npertinente, se tomarán en cuenta los siguientes factores:\n1. Su participación en este mercado y su capacidad de fijar precios unilateralmente o de restringir el abasto en el mercado\npertinente, sin que los agentes competidores puedan, efectiva o potencialmente, contrarrestar dicha capacidad.\n2. La existencia de barreras de entrada al mercado pertinente y los elementos que, previsiblemente, puedan alterar las\nbarreras y la oferta de otros competidores.\n3. La existencia y el poder de los agentes competidores.\n4. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos.\n5. Su comportamiento reciente.\n6. Los demás factores que se establezcan mediante decreto ejecutivo.\nArtículo 20. \nConsulta sobre viabilidad. El agente económico que desee establecer si un determinado acto, contrato o\npráctica que intente realizar constituye o no una práctica monopolística absoluta o relativa prohibida por esta Ley podrá\nformular consulta escrita, sobre la licitud de dicho acto, a la Autoridad.\nCuando se hubiera hecho uso de este derecho dos veces en un año sobre la misma materia, será potestativo de la\nAutoridad acceder a nuevas solicitudes.\nLa Autoridad deberá resolver la solicitud dentro de los treinta días siguientes a su presentación. Vencido el plazo sin que\nhubiera resolución expresa, se entenderá que el acto es lícito. Sin embargo, si el concepto favorable se hubiera emitido\ncon base en información falsa o incompleta proporcionada por el agente económico interesado, tal concepto se tendrá\ncomo no expedido.\nCapítulo III\nConcentraciones Económicas\n4No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 21. Concepto y prohibiciones. Se entiende por concentración económica la fusión, la adquisición del control o\ncualquier acto en virtud del cual se agrupen sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos,\nestablecimientos o activos en general, que se realice entre proveedores o potenciales proveedores, entre clientes o\npotenciales clientes, y otros agentes económicos competidores o potenciales competidores entre sí. Al momento de\nverificar el efecto, la adquisición o fusión se podrá tomar en consideración si dicha concentración económica promueve\ny/o presenta, dentro de sus objetivos, el incremento de la producción o la distribución de bienes y/o servicios para el\nmercado doméstico o internacional, fomenta el progreso técnico o económico o impulsa el desarrollo competitivo de una\nindustria o sector. En estos casos, los beneficios deben poder ser objeto de verificación.\nSe prohíben las concentraciones económicas cuyo efecto sea o pueda ser disminuir, restringir, dañar o impedir, de manera\nirrazonable, la libre competencia económica y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o\nsustancialmente relacionados.\nNo se consideran como concentraciones económicas prohibidas, para los efectos de este Capítulo, las asociaciones\naccidentales que se realicen por un tiempo definido para desarrollar un proyecto determinado, así como las\nconcentraciones entre competidores o no competidores que no generen efectos nocivos para la competencia y el mercado.\nIgualmente, no se consideran concentraciones económicas prohibidas las que recaigan sobre un agente económico que\nhaya incurrido en pérdidas de forma sistemática y perdido participación de mercado de forma tal que esto amenace su\npermanencia en dicho mercado, siempre que este compruebe haber buscado infructuosamente compradores no\ncompetidores. Esta materia será reglamentada mediante guía.\nArtículo 22. \nEfecto favorable. No obstante lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, las concentraciones que\ncomporten efectos restrictivos sobre la competencia podrán contar con el efecto favorable si la Autoridad considera que\ndichos efectos se ven compensados por contribuir a la consecución de eficiencias, tales como:\n1. Mejora de los sistemas de producción o comercialización.\n2. Fomento del progreso técnico o económico.\n3. Mejora de la competitividad de la industria.\n4. Contribución a los intereses de los consumidores.\nArtículo 23. \nVerificación previa. Antes de surtir sus efectos, las concentraciones podrán ser notificadas y sometidas, por\nel agente económico interesado, a la verificación de la Autoridad.\nArtículo 24. Efectos de la verificación. Las concentraciones que hayan sido verificadas y cuenten con el concepto\nfavorable de la Autoridad podrán operar válidamente y no podrán ser impugnadas posteriormente por razón de los\nelementos verificados, salvo cuando dicho concepto favorable se hubiera obtenido con base en información falsa o\nincompleta proporcionada por el agente interesado.\nArtículo 25. \nPrescripción de impugnación. Las concentraciones que no se hayan sometido voluntariamente a verificación\nno podrán ser impugnadas después de tres años de haberse efectuado.\nArtículo 26. Impugnación de concentraciones económicas. La Autoridad podrá negar el concepto favorable a la\nconcentración que se someta a su verificación, cuando esta sea de las prohibidas por el artículo 21 de esta Ley.\nCualquier persona podrá impugnar una concentración ejercitando la correspondiente acción ante los tribunales previstos\nen la presente Ley. Esta causa se tramitará por la vía del proceso sumario, en la forma señalada en esta Ley, y\nsupletoriamente por las normas del proceso sumario del Código Judicial.\nArtículo 27. \nPresunciones. Para los efectos de la verificación que debe conducir la Autoridad, se presumirá que la\nconcentración tiene un objeto o efecto prohibido por esta Ley cuando el acto o la tentativa:\n1. Confiera o pueda conferir, al fusionante, al adquirente o al agente económico resultante de la concentración, el poder de\nfijar precios unilateralmente o de restringir sustancialmente el abasto o suministro en el mercado pertinente, sin que los\nagentes competidores puedan, efectiva o potencialmente, contrarrestar dicho poder.\n5No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n2. Tenga o pueda tener por objeto desplazar a otros competidores existentes o potenciales, o impedirles el acceso al\nmercado pertinente.\n3. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente, a los participantes en dicho acto o tentativa, el ejercicio de prácticas\nmonopolísticas prohibidas.\nEstas presunciones podrán desvirtuarse aportando al efecto prueba en contrario.\nArtículo 28. \nElementos para la impugnación. Para determinar si una concentración debe ser impugnada o sancionada, la\nAutoridad tomará en cuenta los siguientes elementos:\n1. El mercado pertinente, en los términos prescritos en los artículos 8 y 18 de esta Ley.\n2. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate, el análisis de su poder en el\nmercado pertinente en la forma señalada en el artículo 19 y el grado de concentración en dicho mercado.\n3. Los demás elementos que se establezcan mediante decreto ejecutivo.\nArtículo 29. \nMedidas correctivas. Si de la investigación que la Autoridad realice de una concentración sometida a\nverificación o no verificada previamente se establece la existencia de uno de los supuestos prohibidos por esta Ley, la\nAutoridad podrá:\n1. Sujetar la realización de la transacción al cumplimiento de las condiciones necesarias para que se ajuste a la ley.\n2. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la terminación del control\no la supresión de los actos, según corresponda.\nLas medidas correctivas anteriores se tomarán sin perjuicio de las sanciones que la Autoridad o los tribunales de justicia\npuedan imponer, o de la responsabilidad penal que resulte.\nCapítulo IV\nCondenas\nArtículo 30. \nCondenas. En todos los casos en que se infrinjan las prohibiciones contenidas en este Título, los tribunales\nde justicia creados por esta Ley, mediante acción civil interpuesta por el agraviado, podrán imponer a favor de este o de\nlos afectados condena al agente económico, equivalente a tres veces el monto de los daños y perjuicios causados como\nresultado del acto ilícito, además de las costas que se hayan causado.\nNo obstante, el tribunal que conozca de la causa correspondiente podrá limitar el monto de la condena al importe de los\ndaños y perjuicios causados, o reducirlo a dos veces el importe de tales daños o perjuicios, en ambos casos con la condena\nen costas, cuando compruebe que el agente económico condenado ha actuado sin mala fe o sin intención de causar daño.\nArtículo 31. \nCondena en costas. Todos los agentes económicos participantes en un proceso podrán ser condenados en\ncostas por cualquier actuación, aun cuando la Autoridad sea parte en el proceso. A la Autoridad, a los consumidores y a\nlas asociaciones de consumidores organizados reconocidas por esta no se les podrá condenar en costas.\nTítulo II\nProtección al Consumidor\nCapítulo I\nContratos, Garantías y Normas de Publicidad\nArtículo 32. \nBeneficiarios. Son beneficiarios de las normas de este Título todos los consumidores de bienes y servicios\nfinales, y quedan obligados a su cumplimiento todos los proveedores.\n6No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nLos contratos o las transacciones para la compra de bienes muebles destinados al consumidor y la prestación de servicios\nprofesionales o técnicos se sujetarán a las disposiciones de este Título.\nArtículo 33. \nDefiniciones. Para efectos de este Título, los siguientes términos se entenderán así:\n1. Proveedor. Industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con un fin\ncomercial, proporcione a otra persona un bien o servicio de manera profesional y habitual.\n2. Consumidor. Persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza.\n3. Contrato de adhesión. Aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y\nservicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar.\n4. Asociación de consumidores organizados. Organización constituida por personas naturales, cuyo objetivo es garantizar\nla protección y defensa de los intereses de los consumidores, independientemente de todo interés económico, comercial o \npolítico.\nArtículo 34. \nFunción estatal. Son funciones esenciales del Estado:\n1. Velar por que los bienes que se venden y los servicios que se prestan en el mercado cumplan las normas de calidad,\nsalud, seguridad y ambientales.\n2. Formular programas de educación, orientación e información al consumidor, con el propósito de capacitarlo para que\npueda discernir y tomar decisiones fundadas de consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus deberes y \nderechos.\n3. Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles, de tutela administrativa y judicial, para la defensa de los derechos\ne intereses legítimos de los consumidores.\n4. Hacer cumplir las normas industriales, técnicas, de calidad y de salud humana y animal, universalmente aceptadas, las\ncuales serán adoptadas por la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas y por las autoridades sanitarias \nrespectivas.\n5. Hacer cumplir las normas de metrología.\n6. Fomentar y reglamentar la creación de asociaciones de consumidores organizados.\n7. Garantizar a los consumidores los derechos universalmente aceptados.\n8. Verificar si existe un adecuado abastecimiento de los bienes y servicios de primera necesidad.\nArtículo 35. \nDerechos de los consumidores. Los consumidores tendrán, entre otros, derecho a:\n1. Ser protegidos eficazmente contra los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles,\nrepresenten riesgo o peligro para la vida, la salud o la seguridad física. \n2. Recibir de los proveedores toda la información sobre las características del producto o servicio ofrecido, de\nmanera clara y veraz, para poder tomar una decisión al momento de realizar la adquisición del producto o\nservicio, así como para efectuar el uso o consumo adecuado de este, de conformidad con las leyes nacionales. \n3. Tener acceso a una variedad de productos y servicios valorativamente competitivos que les permitan\nlibremente elegir los que deseen. \n4. Ser protegidos en sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo, en toda relación de consumo,\ny contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen faltas a la veracidad o información errada o\nincompleta sobre los productos o servicios. \n5. Ser escuchados de manera individual o colectiva por las instituciones correspondientes, a fin de defender sus\nintereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios\nque el ordenamiento jurídico permita. \n6. Recibir educación y orientación, con el fin de formarlos debidamente para que las relaciones de consumo\nlleguen a ser equilibradas y transparentes. \n7No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 36. Obligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor frente al consumidor las siguientes:\n1. Informar, clara y verazmente al consumidor sobre las características del producto o servicio ofrecido, tales como la\nnaturaleza, la composición, el contenido, el peso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el\nprecio y cualquier otra condición determinante, lo cual se consignará en el empaque, el recipiente, el envase o la\netiqueta del producto o en el anaquel del establecimiento comercial, en términos comprensibles y legibles. \nDicha información deberá constar necesariamente en la etiqueta y en idioma español cuando se trate de medicamentos,\nagroquímicos y productos tóxicos y de productos alimenticios que requieran advertencias o precauciones específicas de\nque representan peligro para la salud humana, según lo determine el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. En\ncaso de que se trate de productos o servicios restantes, la Autoridad determinará cuál de esta información deberá\nsuministrarse, atendiendo al género o a la naturaleza de cada clase de producto o servicio.\nLa Autoridad podrá determinar la obligatoriedad de incluir, en las etiquetas, los requisitos adicionales que estime\nnecesarios, de acuerdo con la naturaleza de cualquier otro producto.\nEl importador o proveedor que reempaque, reenvase, reetiquete o modifique el empaque original o la etiqueta de un\nproducto no podrá adulterar ni ocultar la información de origen, tales como la naturaleza, la composición, el contenido, el\npeso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el precio y cualquier otra condición determinante.\n2. Indicar, en forma expresa y visible, cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, el\nmonto total de la deuda, el plazo, la tasa de interés efectiva aplicada y su método de cálculo, las comisiones, así como la\npersona natural o jurídica que brinda el financiamiento, si fuera un tercero.\nCuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y efectivamente pagada en ningún caso\npodrá exceder el máximo porcentual permitido por la ley.\n3. Suministrar al consumidor las instrucciones sobre la utilización adecuada del artículo y la información de los riesgos\nque entraña para su salud o seguridad.\n4. Informar al consumidor sobre las garantías de los productos o servicios y las condiciones de estas.\n5. Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe advertencia\nsobre el particular, se presumirá que dichos bienes son nuevos.\n6. Informar de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos, en relación con un bien determinado, para su\nreparación en el país si ese fuera el caso.\n7. Mantener informado al consumidor sobre la evolución o el estado en que se encuentre la gestión respectiva, en el caso\nde la prestación de servicios.\n8. Asumir la responsabilidad por la resolución contractual, cuando tenga la obligación de reparar el bien y no la haya\nsatisfecho en un tiempo razonable.\n9. Poner en conocimiento del comprador los plazos para la formulación de reclamos, de acuerdo con la naturaleza del bien\no servicio.\n10. Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrados las pesas, medidas, registradoras,\nbásculas y demás instrumentos de medición que se utilicen en el giro de sus negocios.\n11. Extender factura o comprobante de compra en el que conste claramente el Registro Único de Contribuyente, la\nidentificación de los bienes o servicios, el precio y la fecha de entrega.\n12. Entregar una copia del contrato de venta al consumidor, cuando se haga constar por escrito. En el original del contrato\nque conserve el proveedor, deberá dejarse constancia de que se entregó copia al consumidor. Una vez se haya completado\nla operación correspondiente y se le entregue copia al consumidor, será nulo el contrato que estuviera firmado por el\nconsumidor con espacios en blanco, en circunstancias que pudieran ser llenados con posterioridad por el proveedor, en\nperjuicio del consumidor. Igualmente, serán nulos los documentos accesorios al contrato firmados por el consumidor con\nespacios en blanco, en circunstancias que pudieran ser llenados con posterioridad por el proveedor, en términos diferentes\n8No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\na los pactados en el contrato.\n13. Apegarse a la ley, a los buenos usos mercantiles y a la equidad en su trato con los consumidores. \n14. Informar al comprador de las condiciones de venta que ofrece el proveedor de bienes o servicios. \n15. Abstenerse de realizar acciones orientadas a restringir el abastecimiento, la circulación o la distribución de bienes o\nservicios, a través del acaparamiento o la venta atada o condicionada, salvo que medie justa causa. \n16. Prestar el servicio objeto de su actividad comercial sin discriminación de ningún tipo. \nEste artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.\nArtículo 37. \nIdoneidad de los productos. Los fabricantes, importadores, distribuidores o proveedores, según corresponda,\nserán responsables por la idoneidad, la calidad, la veracidad de la publicidad comercial y la autenticidad de las leyendas\nque exhiben los productos y servicios, así como por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, el\nrecipiente, el empaque o la etiqueta.\nArtículo 38. \nVínculo proveedor-publicidad. Toda información, publicidad u oferta al público, transmitida por cualquier\nmedio o forma de comunicación, en relación con los bienes ofrecidos o servicios a prestar, vincula al proveedor que\nsolicite, autorice o pague la difusión correspondiente. Dicha información formará parte del contrato de venta que se\ncelebre entre el proveedor y el consumidor.\nArtículo 39. \nVentas reguladas por legislación vigente. La venta con retención de dominio de bienes muebles destinados al\nuso personal o para el hogar, los préstamos con hipoteca o prenda sobre bienes muebles y las ventas con cláusulas\naleatorias se regirán por la legislación vigente aplicable, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.\nArtículo 40. \nNulidad de renuncia de derechos en contratos de adhesión. Son nulas en los contratos de adhesión, y por lo\ntanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido\nen esta Ley a favor de los consumidores.\nArtículo 41. \nExamen de contratos. Las empresas proveedoras mantendrán a disposición de la Autoridad una copia de los\ncontratos y demás documentos que se refieran a las operaciones crediticias que se regulan en esta Ley, con el fin de que\npueda ser examinada, para determinar si se ajustan a las disposiciones que ella establece.\nArtículo 42. \nGarantía de bienes. En todo contrato u operación de venta de bienes muebles nuevos, tales como artefactos\nelectrodomésticos, mobiliarios, automóviles y otros, se entiende implícita la obligación de garantizar al comprador el\nfuncionamiento normal y acorde con el fin para el cual son fabricados. Esta obligación será exigible siempre que, por\ndefecto del producto o por causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, dichos bienes no funcionen \nadecuadamente.\nCuando los bienes no funcionen adecuadamente durante el periodo de garantía, por defecto del producto o por causa\nimputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este último queda obligado a garantizar el funcionamiento\ny, en su caso, dependiendo de la afectación del bien o alguno de sus componentes, a su reparación. En caso de que se\ncompruebe que el consumidor no haya podido utilizar el bien desde un inicio, de conformidad con lo anterior,\nencontrándose el bien y los empaques en buen estado, el proveedor procederá a reemplazarlo o a la devolución de las\nsumas pagadas por el consumidor, cuando no sea posible su reemplazo.\nEl periodo de garantía dependerá de la naturaleza del bien, por lo cual podrá ser reglamentado.\nEl proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a la que reciban del fabricante.\nCuando el consumidor acuda a la autoridad competente para hacer valer sus derechos fuera del plazo establecido en la\ngarantía, deberá acreditar que compareció ante el proveedor dentro de dicho plazo a fin de hacerla efectiva.\nArtículo 43. \nGarantía en servicios de reparación. Se considera garantía en la prestación de servicios de reparación, la\ncondición de eficiencia en la ejecución o la realización de los servicios contratados.\nCuando la ineficiencia recaiga sobre servicios de reparación o de mantenimiento de vehículos automotores o de bienes\nmuebles destinados para el uso personal, en el hogar o en establecimientos profesionales, comerciales o industriales, el\nproveedor estará obligado, dentro de un plazo no mayor de quince días, a prestar nuevamente el servicio contratado en\nforma satisfactoria y sin costo adicional para el consumidor. El proveedor podrá, alternativamente, devolver al\n9No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nconsumidor todas las sumas que este le hubiera pagado por la prestación de dichos servicios.\nEn los casos en que la reparación no esté cubierta con garantía, el taller de reparación tendrá que efectuar una evaluación\ny un diagnóstico y solicitará la autorización expresa del consumidor antes de iniciar la reparación.\nArtículo 44. \nGarantía en otros servicios. Tratándose de servicios distintos a los señalados en el artículo anterior, la\nobligación del proveedor de prestar los servicios sin costo adicional deberá realizarse dentro de un plazo prudencial, de\nacuerdo con la naturaleza del servicio. El proveedor podrá ejercer la opción señalada en la parte final del segundo párrafo\ndel artículo anterior.\nArtículo 45. \nCondiciones de garantía. Los términos y las condiciones de las garantías de los bienes y servicios deberán\nconstar por escrito en forma clara y precisa, y podrán incorporarse al contrato de compraventa o consignarse en\ndocumento aparte. En este último caso, el documento formará parte integral del contrato de compraventa o de la factura de\nventa, y contendrá, por lo menos, la siguiente información:\n1. Nombre y dirección exactos del establecimiento comercial.\n2. Nombre y dirección exactos del consumidor.\n3. Descripción precisa del bien o servicio objeto de la garantía, con indicación de la marca y el número de serie, si fuera el\ncaso, así como del modelo, tamaño o capacidad, material y color predominante.\n4. Fecha de la compra y de la entrega del bien o servicio, con indicación del número del contrato de compraventa y de la\nboleta de entrega, si esta no se hubiera efectuado inmediatamente, o si se hubiera realizado fuera del establecimiento del \nproveedor.\n5. Término de duración de la garantía.\n6. Condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, con indicación de los riesgos cubiertos y de los que no lo \nestán.\n7. Lugar donde debe ser presentada la reclamación.\n8. Aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.\nArtículo 46. \nObligaciones del proveedor en la garantía. Si dentro del periodo de garantía estipulado para equipos o\nproductos mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos, mobiliarios, vehículos de motor y otros bienes de\nnaturaleza análoga, estos no funcionaran adecuadamente, o no pudieran ser usados normalmente, por defecto del producto\no causa imputable al fabricante, importa-dor o proveedor, este último estará obligado a la reparación de dichos bienes o a\nsu reemplazo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se presente la respectiva reclamación.\nSi no fuera posible la reparación, el proveedor estará obligado a reemplazar el bien por otro igual o a devolver las sumas \npagadas.\nCuando se trate de vehículos de motor o equipos de tecnología sofisticada, el término para su reparación o reemplazo será\nde hasta seis meses, siempre que en la garantía se pacte, libremente entre proveedor y consumidor, la responsabilidad del\nprimero en caso de no poder reparar el bien dentro de los primeros treinta días.\nArtículo 47. \nVehículos de motor. Los proveedores de vehículos de motor nuevos están obligados a extender una garantía\nmínima de un año o treinta mil kilómetros, lo que ocurra primero.\nCuando la garantía del fabricante sea más favorable al consumidor que los términos mínimos establecidos en este artículo,\nserá de obligatorio cumplimiento para el proveedor ofrecer la garantía del fabricante. El proveedor está obligado a\nproporcionarle al consumidor la garantía de fábrica por escrito.\nEn el caso de los vehículos de motor usados, los proveedores no podrán importar al territorio nacional vehículos usados\ncuyo modelo de fabricación sea de más de cinco años, según el Número de Identificación del Vehículo, y la garantía\nmínima, a que se refiere el primer párrafo, para estos vehículos será de seis meses o quince mil kilómetros, lo que ocurra\nprimero. Se exceptúan de esta prohibición los siguientes vehículos:\n10No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n1. Los de colección. \n2. Los de carrera deportiva. \n3. Los fúnebres. \n4. Las ambulancias. \n5. Las limusinas. \n6. Los que tengan modificaciones especiales para personas con discapacidad. \nArtículo 48. \nVicios ocultos. Cuando los bienes presenten defectos o vicios ocultos que hagan imposible el uso para el que\nson destinados, o que disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad de su uso, y que de haberlos conocido el\nconsumidor no los hubiera adquirido o hubiera dado un menor precio por ellos, el proveedor estará obligado a recibirlos y\na devolver las sumas pagadas por el consumidor, según lo establece el Código de Comercio. No obstante, el consumidor\npodrá optar por recibir una rebaja en el precio, sin derecho a reclamo posterior.\nArtículo 49. \nPlazo de garantía. Para los efectos de los artículos 46, 47 y 48, el consumidor notificará de inmediato al\nproveedor sobre las anomalías que el bien presente. El proveedor procederá a reparar el bien en su almacén o taller o en el\ndomicilio del consumidor, según estime conveniente.\nEl proveedor estará en la obligación de proporcionar el transporte para el retiro y la devolución del bien, sin costo alguno\npara el consumidor, cuando se trate de artefactos grandes, de acuerdo con las clasificaciones establecidas en los\ncertificados de garantía, y solo desde el lugar en que dicho bien fue entregado al consumidor al momento de la venta.\nArtículo 50. \nPrórroga de la garantía. Cuando el tiempo que utilice el proveedor para honrar la garantía de productos o\nservicios, incluyendo el tiempo que le tome la reparación, el cambio u otras medidas, exceda los treinta días, contados a\npartir de la entrega efectiva del bien al proveedor, se interrumpirá el plazo de vigencia de la garantía. En el caso en que la\nreparación, el cambio u otra medida por parte del proveedor exceda los treinta días, el periodo de garantía será prorrogado\npor un tiempo igual al que utilice el proveedor para ejecutar las acciones descritas.\nArtículo 51. \nRenovación de la garantía. En caso de que, en virtud del cumplimiento de una garantía, se entregara un\nnuevo bien o un componente del bien original al consumidor, el plazo de vigencia de la garantía será igual al otorgado\noriginalmente para el bien o componente cambiado. La renovación de que trata este artículo aplicará por defecto del\nproducto o por causa imputable al fabricante, proveedor o importador.\nArtículo 52. Rehúso de la garantía. Se podrá rehusar el cumpli-miento de la garantía cuando el reclamo se haga fuera de\nsu término de duración, o cuando el uso del bien vendido se haya realizado en forma contraria a las instrucciones del\nproducto. Los manuales de instrucciones, cuando se trate de productos de fabricación extranjera, podrán venir expresados\nen idioma distinto del español.\nDe no haberse proporcionado al consumidor las instrucciones de uso en idioma español, el proveedor no podrá rehusar el\ncumplimiento de la garantía, ni eximirse de responsabilidad extracontractual por daños y perjuicios, invocando uso\ninadecuado del producto por parte del consumidor, salvo que este uso refleje una falta de cuidado o un desconocimiento\ntal que las instrucciones en español no hubieran prevenido el uso inadecuado.\nArtículo 53. \nCustodia de bienes. El proveedor será responsable por los bienes que el consumidor le entregue para su\nreparación, mantenimiento o limpieza. Cuando por razón de la prestación de dicho servicio los bienes de un consumidor\nse deterioren o pierdan, el proveedor estará obligado a resarcir el valor de reposición de dichos bienes. Lo dispuesto en\neste artículo no se aplica al bien que haya sido abandonado por el consumidor, entendiéndose que el abandono se produce\ncuando hayan transcurrido cuarenta y cinco días calendario desde la fecha en que el consumidor haya sido requerido para\nel retiro del bien.\nIgualmente, el proveedor será responsable por el bien que el consumidor aparte mediante abonos al precio de venta, y no\npodrá sustituirlo por otro bien similar.\nSon nulas, y por lo tanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones contractuales que eximan o limiten la\nresponsabilidad establecida en este artículo.\nLo dispuesto en este artículo no releva al proveedor de las responsabilidades penales o civiles previstas en la ley, cuando\nel deterioro o la pérdida ocurra dentro de sus instalaciones o áreas adyacentes.\n11No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 54. Libertad contractual en la garantía. El proveedor podrá ofrecer o pactar, libremente, términos y condiciones\nde garantía superiores a los que normalmente se otorgan a bienes o servicios similares y, en tal caso, estará obligado al\nestricto cumplimiento de las condiciones ofrecidas o acordadas con el consumidor.\nArtículo 55. \nGarantía del fabricante. El fabricante está obligado a conceder una garantía razonable del funcionamiento\neficiente del producto que manufactura. Cada intermediario, en la cadena de comercialización, tendrá que responder por la\ngarantía a su respectivo cliente.\nEl proveedor a quien el consumidor le exija el cumplimiento de la garantía tiene derecho a que el intermediario con quien\nhaya contratado o el fabricante le responda por la garantía, sin perjuicio del derecho del consumidor de exigir\ndirectamente la garantía al fabricante o a cualquiera de los intermediarios.\nEl proveedor no podrá eludir la obligación de conceder la garantía otorgada al consumidor, so pretexto de delegarla en el\nintermediario o fabricante.\nArtículo 56. \nInformación de precios. En todo establecimiento de venta de bienes a los consumidores, deberá colocarse, en\nforma clara, precisa y en lugar visible al público, el precio al contado de dichos bienes.\nSe prohíbe al proveedor la adopción de cualquier práctica que induzca al consumidor a confusión, error o engaño sobre el\nprecio de los bienes o servicios ofrecidos.\nEl proveedor de bienes o servicios está obligado, y solo tiene derecho, a recibir el pago del precio exactamente como esté\nanunciado o impreso en el establecimiento o bien respectivo, salvo que se demuestre que el consumidor lo ha alterado.\nEn caso de que un producto tenga más de un precio marcado por el proveedor, prevalecerá el menor, y el proveedor estará\nobligado a venderlo con ese precio.\nEn caso de servicios de alquileres de estacionamiento, se deberá cumplir lo siguiente:\n1. El proveedor deberá anunciar, mediante un letrero de cuatro por ocho pies y con letras reflectivas de veinte\ncentímetros como mínimo, ubicado en lugar visible, el precio del servicio y sus condiciones. \n2. Cuando se cobre el ciento por ciento (100%) del tiempo de su uso, el letrero deberá decir lo siguiente: \"Este local no\nle ofrece servicio de estacionamiento gratuito a sus clientes\"; además, deberá anunciar las tarifas y condiciones del\nservicio. \n3. No se permitirá el cobro por fracción o redondeo al alza, cuando el titular del estacionamiento se obliga a facilitar\nuna plaza de estacionamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado. En estos casos, el precio deberá fijarse\npor minuto de estacionamiento. \nArtículo 57. \nDevolución de las sumas pagadas. En todos los casos en que proceda la devolución de las sumas pagadas por\nel consumidor, no podrá obligarse al adquirente del bien o servicio a recibir notas de crédito, cuando el precio ha sido\npagado en dinero o signos que lo representen. Si el contrato ha sido de venta al crédito, la devolución se compondrá de lo\npagado en dinero y de una nota en que conste la anulación del saldo adeudado.\nArtículo 58. \nVeracidad en la publicidad. Todo anuncio o aviso publicitario referente a las transacciones de que trata este\nTítulo deberá ajustarse a la verdad, cuidando el anunciante de que no se tergiversen los hechos y que el anuncio o la\npublicación no induzca a error o confusión. Las afirmaciones que se refieran a la naturaleza, a la composición, al origen, a\nlas cualidades sustanciales o a las propiedades de los productos o servicios deberán ser siempre exactas y susceptibles de\ncomprobación en cualquier momento.\nPara los efectos de esta Ley, se entiende por publicidad engañosa aquella que refiere características o información\nrelacionada con algún bien, producto o servicio, que inducen a error o confusión por la forma inexacta, limitada, falsa,\nexagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.\nArtículo 59. \nPublicidad. La publicidad deberá indicar, claramente, las condiciones de las ofertas, promociones, rebajas,\ndescuentos, condiciones especiales o circunstancias análogas que se ofrecen. Todo anunciante está obligado a cumplir lo\nofrecido en los términos contenidos en el aviso publicitario. No se permitirán anuncios de artículos que den a entender que\nel producto tiene cualidades, características o beneficios de los que carece. Los consumidores afectados por publicidad\nengañosa tendrán derecho a resolver el contrato de venta, cada parte devolviendo lo que hubiera recibido.\n12No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 60. Testimonio en anuncios publicitarios. Los anuncios publicitarios que se basen en testimonios deben ser\nciertos y auténticos. La Autoridad podrá solicitar a los proveedores la identificación, el domicilio y las generales de las\npersonas que ofrezcan su testimonio, a fin de que pueda ser comprobado. Para todos los efectos, el proveedor deberá\nmantener a disposición de la Autoridad la información contenida en este artículo hasta por un término de seis meses,\ncontado desde la última publicación.\nArtículo 61. \nAclaraciones. Las leyendas, los cintillos, los asteriscos o cualquier otro llamado de atención que aclare,\ncondicione, restrinja o limite el uso del bien o servicio publicitado o el aprovechamiento de una oferta, en cualquier medio\nde comunicación, deberán ser visibles, legibles, claros, veraces y sin ambigüedades. El proveedor está obligado a\nproporcionar los elementos esenciales para que el consumidor pueda emitir juicio sobre el bien o servicio, sin necesidad\nde ser remitido a otra fuente.\nArtículo 62. \nDuración de promociones. La publicidad relativa a ofertas, promociones, rebajas, descuentos, condiciones\nespeciales o circunstancias análogas deberá indicar la duración de estas o el número mínimo de unidades que se ofertan.\nEn caso contrario, el proveedor está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten los productos o servicios\nofertados en las condiciones señaladas.\nSi el proveedor no señala la duración de la oferta o el número mínimo de unidades que se ofertan, se entenderá que resulta\nobligado a lo que se establece en el párrafo anterior, hasta que comunique por el mismo medio la finalización de la venta \nespecial.\nArtículo 63. \nRectificación en la publicidad. El suministro de la información que compruebe la veracidad de la publicidad\nincumbe a quien la patrocina. El proveedor que en la publicidad incumpla con las obligaciones previstas en los artículos\nanteriores suspenderá su difusión o presentación y procederá a la rectificación publicitaria, divulgando la información\nveraz u omitida, por el mismo medio y en la misma forma que empleó inicialmente.\nPara los casos en que la Autoridad ordene una rectificación publicitaria, el proveedor deberá obtener la aprobación previa\nde la Autoridad, antes de divulgar la rectificación ordenada. El pronunciamiento de la Autoridad deberá surtirse dentro de\nlos dos días hábiles siguientes a la recepción de la propuesta de rectificación ordenada. Si la Autoridad no se pronunciara\nen el plazo antes establecido, la rectificación publicitaria se entenderá aprobada para todos los efectos jurídicos.\nArtículo 64. \nVentas especiales. En cualquier tipo de venta especial, denominada rebaja, liquidación, baratillo, descuento o\nde cualquier otra manera, que tenga por objeto inducir al consumidor a la compra de un bien, dando a entender que su\nprecio regular ha sido rebajado, deberá indicarse, en un lugar visible del establecimiento, el precio más bajo en que dicho\nartículo haya sido vendido por el establecimiento en los últimos tres meses y el nuevo precio especial de venta. Para estos\nefectos, cada artículo deberá tener adherido el precio anterior, de los últimos tres meses, y el nuevo precio especial de \nventa.\nAdemás, deberá expresarse claramente si la venta especial de los bienes o servicios del establecimiento es total o parcial.\nSe entiende por venta especial el ofrecimiento público de productos o servicios a precios inferiores a los existentes en el\nmercado o a los normales del establecimiento.\nSe prohíbe el señalamiento de precios que adicionen al precio real de venta las cantidades de descuento que el proveedor\ndará u ofrece al consumidor, con el fin de inducirlo a adquirir el producto o servicio de que se trate.\nCuando se ofrezca vender un bien o un servicio, adicional, a un precio menor al que normalmente se pagaría por su\nadquisición, condicionado a la compra de otro bien o servicio, ambos bienes o servicios gozarán de las mismas garantías y\nobligaciones correspondientes al producto como si fueran adquiridos individualmente.\nArtículo 65. \nPresunción de novedad. Se entiende que es nuevo todo bien que, por razones comerciales, un proveedor\nvenda o proporcione a un consumidor, si no ha advertido previa y expresamente que dicho bien es usado.\nArtículo 66. \nVenta de bienes nuevos irregulares o usados. Cuando se ofrezcan al público bienes nuevos con deficiencias\nde calidad o irregularidades de fabricación, o bienes usados o reconstruidos, tales circunstancias se indicarán de manera\nprecisa y ostensible, y se harán constar en los propios productos o en sus envases o empaques, así como en los contratos y\nlas facturas respectivas, con indicación del término de la garantía, si la hubiera. Esta disposición rige igualmente en las\nventas especiales, denominadas rebajas, baratillos, liquidaciones, descuentos o de cualquier otra manera.\n13No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 67. Pago al crédito. Los contratos en los que se pacte el pago del precio mediante crédito que el proveedor\nconceda al consumidor entrarán en vigencia cuando se haya entregado el bien o servicio respectivo.\nArtículo 68. \nInformación para ventas a domicilio. Las ventas a domicilio deberán constar en un precontrato o documento\npro forma, que incluirá la siguiente información:\n1. El nombre y la dirección del proveedor y de su agente vendedor a domicilio.\n2. Los datos de inscripción del proveedor en el Registro Público, si fuera una persona jurídica.\n3. El nombre y la dirección del consumidor.\n4. La descripción precisa y las características de los bienes o de los servicios a contratar.\n5. El precio, la tasa de interés efectiva aplicada y su método de cálculo si la venta fuera al crédito, así como la modalidad\nde la venta al crédito.\n6. La fecha de la compra y el plazo de entrega.\n7. Las firmas del precontrato o documento pro forma, de ambas partes, y la firma, como testigo, de un pariente del\nconsumidor, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, indicando su nombre y cédula de\nidentidad. Si el comprador no pudiera firmar, estampará su huella digital.\nSe exceptúan de esta obligación, los bienes y servicios que, por su naturaleza, no requieran de precontrato o documento\npro forma. El Órgano Ejecutivo determinará a cuáles bienes o servicios se les aplicará esta excepción.\nTodo contrato de venta a domicilio con financiamiento, cuyo monto sea superior a doscientos cincuenta balboas\n(B/.250.00), deberá autenticarse ante notario público o ante el secretario del consejo municipal respectivo donde no exista\nnotaría pública. En todo caso, el notario o funcionario que dé fe del acto exigirá la presencia del comprador. Se exceptúan\nde esta disposición los bienes comestibles perecederos. La Contraloría General de la República no hará descuento alguno\nmientras el contrato no vaya autenticado por un notario o por el secretario del consejo municipal respectivo.\nArtículo 69. \nConstancia de ventas. Las ventas podrán constar en un contrato, una factura o en cualquier documento\nsimilar. En todo caso, los términos y las condiciones no podrán contravenir las constancias contenidas en el precontrato o\ndocumento pro forma, si lo hubiera, salvo que tales términos fueran favorables al consumidor.\nArtículo 70. \nCumplimiento de ventas a domicilio. Los proveedores de bienes muebles al consumidor están obligados al\ncumplimiento de las transacciones hechas a domicilio por sus agentes vendedores comisionistas ambulantes.\nArtículo 71. Ventas de bienes a domicilio. En los casos de ventas de bienes a domicilio, el consumidor tiene derecho a\nrevocar la aceptación durante el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se entregue el bien o se\ncelebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esa facultad no puede ser dispensada ni renunciada.\nEl consumidor debe poner el bien a disposición del proveedor en las mismas condiciones en las que lo recibe, incluyendo\npero no limitando a los empaques, los instructivos y el material accesorio. Los gastos de devolución serán por cuenta del \nproveedor.\nArtículo 72. \nVentas a plazo. Todo contrato de venta al por menor de bienes o de prestación de servicios, cuyo precio sea\npagadero en abonos periódicos, deberá formalizarse por escrito y expresará:\n1. El nombre, la nacionalidad, el domicilio y el número de cédula de identidad personal de los contratantes. Cuando el\nproveedor sea persona jurídica deberá constar su nombre o razón social, su domicilio, el nombre de su representante legal\ny los datos de inscripción en el Registro Público.\n2. La descripción detallada de los bienes que se venden o de los servicios que se prestan.\n3. El valor en dinero de los bienes o los servicios prestados, enten-diéndose por tal el precio que efectivamente se paga al \ncontado.\n14No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n4. La tasa de interés efectiva aplicada en el financiamiento y su método de cálculo, y cualesquiera cantidad o cantidades\nque se cobren al consumidor o beneficiario del servicio y que, directa o indirectamente, inciden en la venta o prestación\ndel servicio, tales como gastos de investigación de crédito, tramitación de solicitud, intereses, intereses moratorios y\ncualquier otro de análoga naturaleza.\n5. El total de las cantidades que se deban pagar, con indicación del término de la obligación y de los abonos o cuotas\nperiódicas que deban pagarse.\n6. La fecha de la compra y el plazo de entrega.\n7. Cuando el consumidor o beneficiario del servicio incurre en mora, la cual ocurre:\na. Si no ha satisfecho la tercera parte del total de la compra, con un abono o cuota vencido y no pagado.\nb. Si no ha satisfecho las dos terceras partes del total de la compra, con dos abonos o cuotas vencidos y no pagados.\nc. Si se han satisfecho más de dos tercios del total de la compra, con tres abonos o cuotas vencidos y no pagados o, en su\ncaso, la penúltima cuota o última cuota adeudada y no pagada.\n8. La garantía del bien, en los casos en que proceda. En caso de que se otorgue en documento aparte, se expresará que este\nforma parte integral del contrato.\n9. La forma y el método de cálculo de la devolución de intereses por la cancelación anticipada de la deuda. En caso de que\nla obligación sea cancelada antes del término pactado, los intereses no devengados le serán devueltos al consumidor con\nbase en la tasa de interés efectiva aplicada en el financiamiento y su método de cálculo, de acuerdo con lo establecido en\nel numeral 4 de este artículo.\n10. Cualquier otro acuerdo que convengan las partes.\nArtículo 73. \nCuentas rotativas de crédito. Todo contrato de cuenta rotativa de crédito en que la obligación sea pagadera en\nabonos periódicos deberá formalizarse por escrito y expresará:\n1. El nombre, la nacionalidad, el domicilio y el número de cédula de identidad personal de los contratantes. Cuando el\nproveedor sea persona jurídica deberá constar su nombre o razón social, su domicilio, el nombre de su representante legal\ny los datos de inscripción en el Registro Público, además de las generales de la persona natural que actúa en su \nrepresentación.\n2. La fecha en que se formaliza el contrato.\n3. Las condiciones en las que un cargo de financiamiento puede ser impuesto, con indicación del tiempo en que el crédito\nconcedido puede ser cancelado sin incurrir en los referidos cargos.\n4. La tasa de interés efectiva aplicada en el financiamiento y su método de cálculo.\n5. El método de determinación del recargo de financiamiento.\n6. El método de determinación del recargo por incurrir el consumidor en mora, si así fuera pactado.\n7. La indicación de la periodicidad con la cual el proveedor remitirá al consumidor el estado de su cuenta que contendrá:\na. Las ventas o los servicios vendidos individualmente, o imputables al crédito, con indicación de la cuantía y la fecha de\nla compra o del servicio prestado.\nb. La cifra relativa al cargo de financiamiento, separada de las cantidades correspondientes a las compras o servicios\nprestados, la que incluirá cualesquiera cantidad o cantidades que se cobren al consumidor o beneficiario del servicio que,\ndirecta o inmediatamente, incidan en la venta o prestación del servicio, tales como gastos de investigación de crédito,\ntramitación de solicitud, intereses y cualquier otro de análoga naturaleza.\n15No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n8. El límite de crédito concedido al consumidor o beneficiario.\n9. Cualquier otra estipulación que convengan las partes.\nArtículo 74. \nNulidad absoluta de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Son abusivas y absolutamente nulas las\ncondiciones generales de los contratos de adhesión que:\n1. Restrinjan los derechos del adherente o consumidor, aunque tal circunstancia no se desprenda claramente del texto.\n2. Limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o proveedor.\n3. Favorezcan excesiva o desproporcionadamente la posición contractual de la parte otorgante o proveedor, e importen\nrenuncia o restricción de los derechos del adherente o consumidor.\n4. Exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o proveedor por daños corporales, incumplimiento o mora.\n5. Faculten al otorgante o proveedor para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su\nejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente o consumidor, nacido del contrato, excepto cuando la\nrescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada a incumplimiento imputable al \nconsumidor.\n6. Obliguen al adherente o consumidor a la renuncia anticipada de cualquier derecho fundado en el contrato.\n7. Impliquen renuncia del adherente o consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones personales,\nestablecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.\n8. Sean ilegibles.\n9. Estén redactadas en idioma distinto del español.\nArtículo 75. \nNulidad relativa de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Son abusivas y relativamente nulas las\ncláusulas generales de los contratos de adhesión que:\n1. Confieran al otorgante o proveedor, para la aceptación o el rechazo de una propuesta o la ejecución de una prestación,\nplazos desproporcionados o poco precisos.\n2. Confieran al otorgante o proveedor un plazo de mora desproporcionado o insuficientemente determinado, para la\nejecución de la prestación a su cargo.\n3. Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, con relación a los daños por resarcir a\ncargo del adherente o consumidor.\nArtículo 76. \nInterpretación de contratos de adhesión. Las condiciones particulares de los contratos de adhesión\nprevalecerán sobre las generales, en caso de incompatibilidad.\nLas condiciones generales ambiguas u oscuras deben interpretarse en favor del adherente o consumidor.\nEl hecho de que ciertos elementos de una o varias cláusulas o de que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado\nindividualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la\nconclusión de que se trata de un contrato de adhesión.\nArtículo 77. \nContratos de prestación de servicios o suministro de bienes. En los contratos de prestación de servicios o\nsuministro de bienes se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u\nobstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.\nEl consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de\nsanción o carga onerosa o desproporcionada, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de\ncantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado\ncontractualmente o la fijación de indemnizaciones que no correspondan con los daños efectivamente causados.\n16No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 78. Expresión de las condiciones en la garantía. Las cláusulas sustanciales en materia de garantía, las que\nimpliquen el ejercicio unilateral de derechos por parte del proveedor o las que impliquen renuncia de derechos por parte\ndel consumidor deberán ser destacadas prominentemente en el documento en que conste la oferta o la contratación, según\nsea el caso, con letra negrita o en cualquier otra forma en que el consumidor pueda percatarse de sus derechos.\nTambién deberá advertirse la importancia de que el consumidor lea cuidadosamente la cláusula de que se trate, con\nanterioridad a la suscripción del precontrato o documento pro forma.\nNo obstante lo señalado en este artículo, será aplicable lo establecido en el artículo 74 de esta Ley.\nArtículo 79. \nConstrucciones nuevas. El proveedor de construcciones residenciales nuevas deberá establecer, de manera\nclara y por escrito, los términos y las condiciones de la garantía de la obra. En caso de que existan diferentes coberturas en\nla garantía, estas deberán estar debidamente detalladas.\nLa publicidad de las construcciones residenciales nuevas formará parte integral del contrato de compraventa suscrito entre\nel proveedor y el consumidor. Los anuncios que se publiciten en volantes, panfletos, libros o por cualquier otro medio que\nel proveedor distribuya son vinculantes para este y exigibles por el consumidor.\nEn los contratos de promesa de compraventa de construcciones nuevas debe constar la fecha cierta o determinable de\nentrega. En caso de incumplimiento por causa no imputable al proveedor, deberán dejarse por escrito las causas por las\ncuales no se hizo la entrega del inmueble en el plazo establecido. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, el\nconsumidor tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente devolución total de las sumas\nabonadas y sin ningún tipo de penalización.\nLos contratos deberán expresar el total de las sumas a pagar, así como los casos en que se podrán adoptar ajustes\nen el precio. En caso de aumento de los costos de materiales de construcción, la Autoridad establecerá los\nparámetros y los procedimientos técnicos para verificar dichos ajustes.\nEl consumidor podrá exigir rebajas proporcionales en el precio de las construcciones nuevas, cuando sus condiciones o\nespecificaciones finales hayan variado sustancialmente de las establecidas previamente en el contrato.\nArtículo 80. \nSolidaridad del proveedor por responsabilidad extracontractual. Si del bien o servicio, o si por instrucciones\ninadecuadas o insuficientes sobre este, su utilización y los riesgos, resulta un daño o perjuicio al consumidor, responderá\nel proveedor o, en su caso, el fabricante, siempre que haya mediado dolo, culpa, falta, negligencia o imprudencia de este \núltimo.\nArtículo 81. \nRetiro de bienes. Una vez el fabricante, importador, distribuidor o proveedor tenga conocimiento de\nalguna llamada a retiro por defecto en el producto o por su efecto dañino, estará obligado a anunciarlo a través de\nmedios de reconocida circulación nacional, así como a comunicárselo a la Autoridad. Para estos casos, el\nfabricante, importador, distribuidor o proveedor deberá reemplazar la pieza o corregir el daño o retirar el\nproducto inmediatamente tenga conocimiento, a todos los consumidores que adquirieron el producto y que se\npresenten al establecimiento comercial respectivo, dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación del \nanuncio.\nLa Autoridad velará por que la difusión del anuncio llegue al conocimiento de los consumidores afectados, y para\ntal fin podrá instruir al agente económico sobre la forma, el medio de divulgación y la duración del anuncio. En\ncaso de que el agente económico no cumpla con lo instruido por la Autoridad, podrá ser sancionado de\nconformidad con lo establecido en el artículo 104 de la presente Ley.\nCapítulo II\nLegitimación\nArtículo 82. \nLegitimación. La Autoridad y las asociaciones de consumidores organizados están legitimadas\nprocesalmente para iniciar como parte, o para intervenir como coadyuvante, en defensa de los derechos e intereses\nlegítimos de los consumidores, en el procedimiento de conciliación administrativa o en la vía jurisdiccional.\n17No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 83. Acceso. Para hacer valer sus derechos, el consumidor podrá iniciar, individual o colectivamente, los procesos\npara reclamar la anulación de contratos de adhesión, el cumplimiento de garantías o el resarcimiento de daños y\nperjuicios, de conformidad con las disposiciones de este Título, los cuales serán competencia del Órgano Judicial.\nTítulo III\nAutoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia\nCapítulo Único\nDisposiciones Generales\nArtículo 84. \nLa Autoridad. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia es una entidad\npública descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno e independencia en el\nejercicio de sus funciones. La Autoridad estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de\nacuerdo con la Constitución Política y las leyes.\nArtículo 85. \nOrganización. La Autoridad contará con un Administrador, quien ejercerá la representación legal de la\ninstitución, una Dirección Nacional de Libre Competencia y una Dirección Nacional de Protección al Consumidor,\nademás de las unidades administrativas y técnicas que requiera para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los\nprocedimientos legales aplicables.\nArtículo 86. \nFunciones de la Autoridad. La Autoridad tendrá las siguientes funciones y atribuciones:\n1. Determinar sus políticas generales y velar por su ejecución. \n2. Crear, en cualquier parte del territorio nacional, las unidades administrativas que requiera para su funcionamiento,\nincluyendo oficinas provinciales, y señalarles sus funciones. \n3. Investigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, la realización de actos y conductas prohibidos por\nesta Ley. \n4. Establecer mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado, para la protección al consumidor y para la\nprevención de las prácticas restrictivas de la competencia. \n5. Realizar abogacía de la libre competencia ante los agentes económicos, asociaciones, instituciones educativas,\nentidades sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil y la Administración Pública, a través de la cual podrá\nrecomendar, mediante informes técnico-jurídicos, la adopción o modificación de cualquier trámite o requisito propio\nde algún sector de la economía nacional o realizar estudios a fin de promover y fortalecer la competencia en el\nmercado. \n6. Establecer Programas Corporativos de Conformidad, a fin de prevenir las prácticas restrictivas de la competencia en\nlos distintos mercados, procurando su funcionamiento más eficiente, garantizando así los intereses superiores de los\nconsumidores. \n7. Desarrollar guías técnicas para el mejor ejercicio de sus funciones, de conformidad con la presente Ley y sus\nreglamentos. \n8. Elaborar su reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órgano Ejecutivo. \n9. Emitir opiniones sobre las leyes, los reglamentos, los actos administrativos y los proyectos, que se relacionen con las\nmaterias objeto de esta Ley. \n10. Conocer de las consultas que sometan a su consideración los agentes económicos y los consumidores. \n11. Realizar estudios sobre el comportamiento del mercado para detectar distorsiones en el sistema de economía de\nmercado, y propiciar la eliminación de tales prácticas, mediante su divulgación o la recomendación de medidas\nlegislativas o administrativas encaminadas a su corrección. \n12. Coordinar con el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, acciones para que los\nreglamentos técnicos se apliquen a todos los productos y servicios ofrecidos en el territorio aduanero nacional. \n13. Reglamentar y supervisar las asociaciones de consumidores organizados. \n14. Emitir concepto por iniciativa propia o por solicitud de municipios, instituciones autónomas o semiautónomas e\ninstituciones estatales en general, cuando en el ámbito de sus decisiones, actos o anteproyectos de ley se pueda\nafectar la libre competencia, la libre concurrencia o la protección al consumidor. \n15. Cesar, en cualquier etapa de la investigación que se realice en sede administrativa y aun luego de promovido proceso\njudicial ante la autoridad competente, la investigación o desistir del proceso judicial, mediante la realización de\ntransacciones, previo cumplimiento de los requisitos legales, siempre que los agentes económicos investigados o\n18No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\ndemandados acepten medidas en torno a las conductas o a los actos investigados, incluyendo cláusulas penales que\ngaranticen el cumplimiento del acuerdo. \n16. Investigar, conocer y verificar la comisión de prácticas monopolísticas, anticompetitivas o discriminatorias por las\nempresas o entidades que prestan servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en concordancia\ncon las reglamentaciones y leyes sectoriales aplicables al servicio público de que se trate. Para ello, la Autoridad solicitará\nel apoyo y la colaboración del personal técnico de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. \n17. Ejercer la jurisdicción coactiva sobre las multas impuestas por violación a las normas de libre competencia o de\nprotección al consumidor. \n18. Retirar del mercado y destruir los productos vencidos, sin fecha de vencimiento, con fecha alterada o que no pueda\ndeterminarse o con fecha expirada; la mercancía deteriorada o que adolezca de cualquier otra condición que ponga en\npeligro la integridad de los consumidores, así como las herramientas, los utensilios o los aparatos de medición, como\nlas pesas y balanzas dañadas o alteradas. En el caso de los productos vencidos, se exceptúan los agroquímicos, los\nmedicamentos y los productos tóxicos o que produzcan daños a la salud humana, animal o vegetal, los cuales serán\nretirados y enviados a las autoridades correspondientes. Solo serán destruidos las balanzas, las pesas y los demás\nutensilios de medición que, una vez retirados y bajo custodia de la Autoridad, no pudieran ser debidamente\nrecalibrados, para lo cual se concederá el término de cinco días hábiles, contado a partir del retiro de la balanza del\nmercado, para que el proveedor que considere que pueda calibrar su balanza, se apersone a la Autoridad para realizar\ndicha calibración. De no lograrse la calibración en cuestión, se procederá a la destrucción de dicho instrumento de\nmetrología. \n19. Cumplir las funciones discrecionales señaladas en la presente Ley, en las leyes especiales y cualquier otra función\nque le atribuyan la ley y los reglamentos que se dicten en su desarrollo. \nArtículo 87. \nLegitimación general. La Autoridad está legitimada para ejercitar acción ante los tribunales de\njusticia, en razón de concentraciones económicas, prácticas monopolísticas o violaciones a las normas de protección\nal consumidor, excluyendo lo que sobre el particular dispongan las leyes especiales.\nLa legitimación concedida en esta Ley a la Autoridad para los casos de protección al consumidor se entenderá concedida\npara ejercer acciones en defensa del orden público económico o de los intereses de los consumidores de manera individual\no colectiva.\nPara los efectos de este artículo, la Autoridad podrá subrogarse en los derechos de los consumidores para el\nejercicio de las acciones en defensa de estos. No obstante, cuando se trate de acciones pecuniarias que persigan una\nsentencia condenatoria, la resolución proferida por el juzgado competente deberá indicar expresamente el\nreconocimiento de dichas sumas a favor de los consumidores afectados.\nDe igual forma, cuando se trate de acciones que persigan la declaratoria de nulidad absoluta o relativa de las cláusulas\nabusivas en contratos de adhesión, la resolución proferida por el juzgado competente tendrá efecto directo sobre los\ncontratos celebrados por los consumidores en cuyo nombre se legitimó la Autoridad.\nArtículo 88. \nInformación a los medios. La Autoridad podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en\nforma específica, como resultado de investigaciones, denuncias, verificaciones o quejas, para orientar y proteger el interés\nde los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de estos. Dichas referencias deberán\nfundamentarse sobre preceptos objetivos, debidamente acreditados y comprobados por la Autoridad.\nLa Autoridad podrá remitir copia de dichos resultados a gremios y/o a asociaciones empresariales o de proveedores, a fin\nde orientar a sus miembros sobre las gestiones de conocimiento de la Autoridad y sobre las disposiciones de esta Ley.\nArtículo 89. \nEl Administrador. El Administrador tendrá a su cargo la administración y el manejo de las gestiones diarias\nde la Autoridad y ostentará su representación, sin perjuicio de las demás atribuciones que le señale la ley. En sus\nausencias temporales, la representación legal de la Autoridad recaerá sobre uno de los directores nacionales o sobre la\npersona idónea que, dentro de la estructura administrativa de la institución, designe el Administrador. Esta representación\ntemporal no podrá ser, a su vez, delegada.\nArtículo 90. \nRequisitos para el cargo de Administrador. Para ser Administrador, se deben cumplir los siguientes \nrequisitos:\n19No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n1. Ser ciudadano panameño. \n2. Ser mayor de treinta años de edad. \n3. No haber sido condenado por autoridad competente por delito doloso, ni por delito culposo de carácter patrimonial\ncontra la economía nacional o la Administración Pública. \n4. Poseer título universitario y experiencia mínima de siete años en el sector comercio, servicios, estatal, financiero o en\notros afines. \n5. No haber sido inhabilitado por autoridad competente para ejercer cargos públicos. \n6. No haber sido declarado en quiebra, concurso de acreedores o encontrarse en estado de insolvencia manifiesta. \n7. No tener parentesco con el Presidente o los Vicepresidentes de la República, dentro del cuarto de consanguinidad y\nsegundo de afinidad. \nArtículo 91. \nTérmino del Administrador. El Administrador será nombrado por el término de siete años, prorrogable por\nuna sola vez, sujeto al cumplimiento de las formalidades del nombramiento.\nArtículo 92. \nNombramiento. El Administrador será nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea \nNacional.\nArtículo 93. \nRemoción. Una vez nombrado el Administrador, este podrá ser removido por las causales establecidas en\nesta Ley, según resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, proferida conforme al proceso establecido\nen el Código Judicial.\nArtículo 94. \nCausales de remoción. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la remoción del\nAdministrador, si se configuran algunas de las siguientes causales:\n1. Incapacidad permanente para cumplir sus funciones. \n2. Que se dejen de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 90 de esta Ley. \n3. Falta de probidad en el ejercicio de sus funciones. \n4. Incumplimiento de las funciones, obligaciones y prohibiciones que le impone esta Ley. \n5. Inhabilidad o negligencia en el ejercicio de las funciones propias del cargo respectivo. \nArtículo 95. \nProhibiciones. El Administrador no podrá:\n1. Participar en política partidista, salvo la emisión del voto en las elecciones y consultas populares. \n2. Ejercer profesiones liberales, el comercio o cualquier otro cargo retribuido, excepto la enseñanza universitaria en\nhorario distinto al de la Autoridad. \n3. Ejercer cualquier otra actividad o cargo no retribuido que sea contrario o interfiera con los intereses públicos\nconfiados a su cargo. \nArtículo 96. \nFunciones del Administrador. Corresponderá al Administrador el ejercicio de las siguientes funciones:\n1. Formular el presupuesto general de gastos y someterlo a la consideración del Órgano Ejecutivo, por conducto del\nMinisterio de Comercio e Industrias. \n2. Aprobar el programa de publicidad y de educación al consumidor que presente el Director Nacional de Protección al\nConsumidor. \n3. Emitir opinión, en el marco de su competencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y\nlos demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto vinculante. \n4. Asesorar al Gobierno Nacional en todas las materias que guarden relación con el desarrollo de la libre competencia y\nla protección de los derechos del consumidor. \n5. Elaborar y someter a la aprobación del Órgano Ejecutivo su régimen interno. \n6. Ejecutar las políticas de la entidad. \n7. Adquirir los bienes y contratar los servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Autoridad, sujeto\na lo que al efecto dispongan las leyes nacionales. \n8. Fijar los sueldos y demás emolumentos y nombrar, trasladar, ascender y remover a los empleados y funcionarios de\nla Autoridad, así como aplicarles las sanciones disciplinarias que correspondan, de conformidad con la ley o los\nreglamentos de personal que se adopten. \n9. Velar por la ejecución y eficiente administración del presupuesto anual de la Autoridad. \n10. Solicitar la cooperación de los organismos públicos competentes para erradicar las prácticas prohibidas por esta Ley. \n20No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n11. Conocer de los recursos administrativos que, en el marco de la ley, sean de su competencia. \n12. Promover convenios y programas de intercambio tecnológico, educativo e informativo, con otras entidades u\norganismos, nacionales y/o extranjeros, siempre que no traten de aportes económicos que pudieran afectar la autonomía y\nla transparencia de la institución. \n13. Absolver las consultas que sobre los asuntos de su competencia le eleven las autoridades gubernamentales, los\nagentes económicos y los consumidores. \n14. Ordenar, previo informe técnico del Director Nacional de Libre Competencia, la suspensión, la corrección o la\nsupresión provisional de los actos violatorios de la libre competencia. \n15. Aprobar o rechazar, previo informe técnico del Director Nacional de Libre Competencia, los compromisos y las\ngarantías ofrecidas por los agentes económicos para el cese o la modificación de las conductas causantes de distorsiones\nen el mercado. \n16. Vigilar, supervisar y dirigir, dentro de los límites que señala la ley, las labores de los directores nacionales, y\nestablecer los mecanismos de coordinación y seguimiento para el mejor ejercicio de las funciones legales encomendadas a\nla institución. \n17. Vigilar por el fiel cumplimiento de las funciones de la Autoridad. \n18. Coadyuvar con el Órgano Ejecutivo en la reglamentación de las disposiciones de esta Ley. \n19. Realizar todas las funciones que esta Ley y los reglamentos le atribuyan. \nArtículo 97. \nDelegación de funciones. El Administrador podrá delegar el ejercicio de funciones en los directores\nnacionales o en otros funcionarios idóneos de la Autoridad. Esta delegación de funciones no supondrá, en ningún\ncaso, renuncia o exención de responsabilidad a favor del Administrador, por razón de la delegación. Las facultades\nasí delegadas no podrán, a su vez, delegarse. La delegación de funciones a que se refiere este artículo podrá ser\nrevocada en cualquier momento por el Administrador.\nArtículo 98. \nFunciones generales de los directores nacionales. Corresponderá al Director Nacional de Libre\nCompetencia y al Director Nacional de Protección al Consumidor, además de las expresamente señaladas en la ley,\nlas siguientes funciones generales:\n1. Conocer, de oficio o a petición de parte, de los asuntos en el ámbito de su competencia. \n2. Recabar documentos, tomar testimonios y obtener otros elementos probatorios e información a través de\ncualquier medio de prueba, de instituciones públicas y privadas y de personas naturales o jurídicas, dentro de\nlos límites de su competencia. \n3. Solicitar a los organismos jurisdiccionales competentes la adopción de medidas cautelares, el aseguramiento\nde pruebas y los allanamientos, al amparo de las investigaciones administrativas que realice en el marco de su \ncompetencia. \n4. Elaborar, preparar y presentar informes técnicos, según solicitud que realice el Administrador. \n5. Imponer, dentro del ámbito de su competencia, las sanciones previstas en el artículo 104 por infracción a la\npresente Ley. \n6. Mantener informado al Administrador del curso de los procesos que adelanta la respectiva Dirección Nacional\ny reportar sobre el cumplimiento de su trabajo. \nArtículo 99. \nFunciones específicas del Director Nacional de Libre Competencia. Además de las funciones generales\npreviamente establecidas para los directores nacionales, corresponderá al Director Nacional de Libre Competencia el\nejercicio de las siguientes funciones específicas:\n1. Realizar estudios de mercado y los informes técnicos. \n2. Iniciar, de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por la presunta comisión de prácticas\nmonopolísticas absolutas y relativas, y aplicar las sanciones correspondientes. \n3. Conocer, a petición de parte, de los procesos de verificación de concentraciones económicas, conforme a las\ndisposiciones de la presente Ley. \n4. Citar a los presuntos responsables, testigos, denunciantes, peritos y otros, en el marco de las investigaciones\nadministrativas de su competencia. \n5. Celebrar las audiencias con la presencia de los actores de cada caso. \n6. Elaborar informes técnicos relacionados con la suspensión, la corrección o la supresión provisional de los actos\nviolatorios de la libre competencia, y someterlos a la consideración del Administrador. \n7. Ejecutar las órdenes judiciales. \n21No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n8. Realizar auditorías de competencia, para supervisar el comportamiento de los participantes en los mercados y\nprevenir conductas monopolísticas. \n9. Evaluar, analizar y rendir informes técnicos al Administrador, relacionados con los compromisos y las garantías\nofrecidas por los agentes económicos para el cese o la modificación de las conductas causantes de distorsiones en el \nmercado.\n10. Realizar las funciones que le asigne el Administrador para el cumplimiento de los fines de la institución.\n11. Ejercer las demás funciones que le atribuyen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que rijan la materia.\nArtículo 100. \nFunciones específicas del Director Nacional de Protección al Consumidor. Además de las funciones\ngenerales previamente establecidas para los directores nacionales, corresponderá al Director Nacional de Protección al\nConsumidor el ejercicio de las siguientes funciones específicas:\n1. Procurar la solución de controversias entre proveedores y consumidores por medio de la conciliación. \n2. Iniciar, de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por posibles actos que vulneren los derechos\ndel público consumidor, y aplicar las sanciones correspondientes. \n3. Conocer y decidir, a prevención con los tribunales de justicia competentes y hasta la suma de dos mil quinientos\nbalboas (B/.2,500.00), los procesos de decisión de quejas que presenten los consumidores, en forma individual o\ncolectiva, en contra de los proveedores de bienes y servicios en relación con las infracciones a las normas de\nprotección al consumidor consagradas en esta Ley, y aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con lo\nestablecido en la presente Ley. También podrá, entre otras, pero no limitado, ordenar el reemplazo del bien o\nservicio, su reparación o la devolución de las sumas pagadas por el consumidor. \n4. Iniciar, de oficio o a petición de parte, acciones individuales o colectivas, ante los tribunales competentes, por\nposibles actos que vulneren los derechos del público consumidor. \n5. Establecer y coordinar, con entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o gremios,\nprogramas para difundir y capacitar a consumidores y proveedores. \n6. Orientar, informar y divulgar los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores, para lo cual\ndeberá, entre otras, implementar y ejecutar programas de publicidad y de educación al consumidor y/o proveedor,\npreviamente aprobados. \n7. Brindar asesoría gratuita, así como representar libre de costos los intereses de los consumidores mediante el ejercicio\nde las acciones, los recursos, los trámites o las gestiones que procedan. Para estos fines, se podrá establecer una\nunidad encargada de realizar defensoría de oficio. \n8. Brindar servicios de asesoría legal gratuita a los consumidores sobre sus deberes y derechos y, en general,\norientación a consumidores y proveedores. \n9. Fomentar y promover las organizaciones de consumidores, facilitando su participación en los procesos de decisión y\nreclamo, en cuestiones que afecten sus intereses, y proporcionándoles capacitación y asesoría. \n10. Recopilar, elaborar, procesar, divulgar información y realizar estudios de mercado para orientar e informar al\nconsumidor, sobre las condiciones, los precios y las características de los bienes y servicios que se ofrecen en el \nmercado. \n11. Ordenar y realizar inspecciones a establecimientos comerciales para la verificación del cumplimiento de las\nobligaciones de los proveedores de bienes y servicios, según se establece en la presente Ley y sus reglamentos o\ndemás reglamentos técnicos, que sea competencia de la Autoridad. \n12. Mantener registros actualizados de las reclamaciones fundamentadas en contra de proveedores de bienes y servicios\ny de las sanciones o medidas correctivas que se les impongan, pudiendo divulgar públicamente dicha información\ncuando lo estime conveniente. La divulgación indicará hechos objetivos y acreditados en los distintos trámites de su\ncompetencia. Cualquier persona tendrá acceso a estas informaciones para fines de orientación y consulta. \n13. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su\nconocimiento y, ante las autoridades competentes, la venta o distribución de artículos que representen un riesgo o\npeligro para la salud y demás actuaciones que afecten los intereses de los consumidores. \n14. Divulgar y publicar los precios sugeridos, de referencia o de venta, que se utilicen para la importación o\ncomercialización de bienes en el territorio nacional, de conformidad con la legislación nacional, y monitorear el\ncumplimiento de los agentes económicos o proveedores en esta materia, como por ejemplo, pero no limitado al\nanuncio de los precios de paridad de los hidrocarburos que se introduzcan al territorio nacional o al precio sugerido\nde comercialización para las distintas regiones del país y de conformidad con las determinaciones que realice la\nDirección Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas. \n22No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n15. Realizar las funciones que le asigne el Administrador para el cumplimiento de los fines de la institución. \n16. Ejercer las demás funciones que le atribuyen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que rijan la materia de\nsu competencia. \nArtículo 101. \nConsejo Asesor. Se crea el Consejo Asesor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la\nCompetencia, en adelante el Consejo, como órgano asesor y de asistencia a la Autoridad.\nEl Consejo estará integrado por:\n1. El Ministro de Comercio e Industrias o quien él designe, quien lo presidirá. \n2. El Ministro de Economía y Finanzas o quien él designe. \n3. El Ministro de Salud o quien él designe. \n4. Un representante del consejo consultivo de las asociaciones de consumidores. \n5. Un representante de los gremios o asociaciones de empresarios, comerciantes y/o industriales. \nEl Administrador participará en las reuniones del Consejo con derecho a voz, pero sin voto, y actuará como Secretario \nEjecutivo.\nCada uno de los miembros del Consejo tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias temporales o permanentes.\nLos representantes del consejo consultivo de las asociaciones de consumidores y de los gremios o asociaciones de\nempresarios, comerciantes y/o industriales serán designados por el Órgano Ejecutivo para un periodo de cinco años, y\nescogidos, junto con sus respectivos suplentes, de una terna enviada por las asociaciones o los gremios respectivos.\nLos miembros del Consejo deberán reunirse con la periodicidad y/o para los asuntos específicos que determine el\nAdministrador, y no recibirán dieta ni emolumento alguno por su participación en dichas reuniones.\nArtículo 102. \nFunciones. Las funciones del Consejo son:\n1. Recomendar las políticas de la Autoridad. \n2. Asesorar al Administrador en los asuntos que someta a su consideración. \n3. Recomendar la elaboración de informes técnicos o estudios de mercado. \n4. Recomendar acciones para garantizar el reconocimiento y la defensa de los derechos de los consumidores. \n5. Fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el normal desarrollo de la libre competencia y concurrencia\neconómica. \n6. Recomendar y sugerir mecanismos o acciones que procuren la mayor participación de agentes económicos en el\nmercado. \nArtículo 103. \nConfidencialidad. Las informaciones que la Autoridad reciba de las empresas y las organizaciones\npor el ejercicio de sus funciones no podrán ser divulgadas sin la autorización expresa de las personas que hayan\nsuministrado la información o documentación correspondiente, siempre que dicha información o documentación\nhaya sido suministrada con tal carácter. Se exceptúan las informaciones que le sean requeridas por autoridades del\nMinisterio Público o del Órgano Judicial, en la forma que dispongan las normas pertinentes. El carácter de\nconfidencialidad no restringirá el acceso de la parte investigada respecto de las pruebas que se tengan en su contra.\nArtículo 104. \nSanciones. Las infracciones a la presente Ley se sancionarán de la siguiente manera:\n1. En el caso de prácticas monopolísticas absolutas, con multa de hasta un millón de balboas (B/.1,000,000.00).\n2. En el caso de prácticas monopolísticas relativas ilícitas, con multa de hasta doscientos cincuenta mil balboas \n(B/.250,000.00).\n3. En el caso de prácticas de comercio que atenten contra las disposiciones de protección al consumidor, desde\namonestaciones hasta multas de hasta veinticinco mil balboas (B/.25,000.00).\n4. En los casos de infracciones para las cuales no exista sanción específica, con multa de hasta diez mil balboas \n(B/.10,000.00).\n23No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n5. En caso de violación, por parte de los proveedores de las normas de protección al consumidor, que afecte o pueda\nafectar la salud humana, con multas de hasta cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), sin perjuicio de las responsabilidades\nciviles o penales que correspondan.\nEn estos casos, la Autoridad podrá publicar, en los periódicos de circulación nacional, la violación y la sanción impuesta\nal proveedor. En caso de reincidencia, la Autoridad podrá solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias la cancelación\nde la licencia o el registro comercial respectivo.\nPara determinar el monto de la multa que deba imponerse en cada caso, se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el\ntamaño de la empresa, si hay o no reincidencia y demás circunstancias agravantes o atenuantes del acto o hecho.\nLa Autoridad podrá, en los casos en que la empresa que sea la primera en aportar elementos de prueba que eventualmente\nlleven a la Autoridad a accionar ante los tribunales por la presunta realización de prácticas monopolísticas absolutas,\ndispensar o disminuir el pago de cualquier multa o sanción que, de otro modo, hubiera podido imponérsele, siempre que\neste agente económico no sea el líder del mercado y no sea instigador de la práctica.\nLas sanciones por prácticas monopolísticas se impondrán cuando, por sentencia ejecutoriada, se haya establecido\nla violación de las disposiciones correspondientes.\nTodo denunciante tendrá derecho a percibir el veinticinco por ciento (25%) de las multas correspondientes a su\ndenuncia, una vez esta se encuentre debidamente ejecutoriada y cancelada. El reclamo del porcentaje se hará de\nacuerdo con las reglas que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas para tal efecto.\nEl Ministerio de Comercio e Industrias deberá clausurarle la licencia comercial o industrial a toda persona natural\no jurídica que haya sido sancionada dos veces por prácticas monopolísticas.\nArtículo 105. \nSuspensión provisional. La Autoridad podrá, mediante resolución motivada, decretar la suspensión\nprovisional de cualquier acto o práctica que estime violatorio a esta Ley, incluyendo para tal fin las acciones que sean\nnecesarias al Registro Público y/o a cualquier otra entidad para que su orden se lleve a cabo.\nSe requerirá prueba indiciaria de la violación para que proceda la suspensión y, una vez decretada, no surtirán efecto\nalguno los actos que ejecute el agente económico en contravención a la orden, sin perjuicio de las sanciones a que haya\nlugar por desacato.\nDentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que ordena la suspensión, la Autoridad\ndeberá formalizar la demanda contra el agente o los agentes económicos partícipes del acto que, a juicio de la\nAutoridad, han violado la ley. De no hacerlo dentro de dicho plazo, la suspensión quedará sin efecto de pleno\nderecho. No obstante, la Autoridad al presentar la demanda con posterioridad, si estima que es necesario\nsuspender nuevamente el acto o la práctica prohibido, deberá solicitar al tribunal que decrete tales medidas, de\nconformidad con el numeral 9 del artículo 128 de esta Ley.\nLa suspensión decretada por la Autoridad podrá revocarse o modificarse por el juez que conozca de la causa civil\ncorrespondiente, luego de formalizada la demanda contra el agente o los agentes económicos, una vez que estos lo\nsoliciten. La petición de revocatoria o modificación de la suspensión se tramitará como incidente de previo y\nespecial pronunciamiento, de conformidad con las normas del Código Judicial.\nArtículo 106. \nDesacato. La Autoridad podrá sancionar a cualquier persona, natural o jurídica, que incurra en desacato al\ncumplimiento de alguna orden impartida dentro de cualquier procedimiento que sea de su conocimiento, con multa de\ncincuenta balboas (B/.50.00) a cien balboas (B/.100.00). Esta multa será reiterativa y se causará por día, hasta que se dé\ncumplimiento de la orden impartida por la Autoridad.\nCuando la Autoridad ordene la comparecencia de una persona, natural o jurídica, dentro de cualquier asunto de su\ncompetencia deberá expedir boleta de citación, en la cual se indicarán el lugar, la fecha, la hora y el motivo de la\ndiligencia. Si el citado no comparece sin justa causa, la Autoridad lo sancionará por desacato, con multa de cincuenta\nbalboas (B/.50.00) a cien balboas (B/.100.00). Esta multa será reiterativa y se causará por día hasta que concurra a la \ncitación.\n24No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 107. Ejercicio de cobro coactivo. La Autoridad podrá ejercer el cobro coactivo de las multas o sanciones que se\nimpongan a los agentes económicos, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.\nLa Autoridad podrá iniciar los procesos de cobro coactivo, cuando el agente económico sancionado no haya cancelado la\nsuma debida en el plazo de diez días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la resolución que impuso la multa o \nsanción.\nTítulo IV\nDisposiciones Comunes a los Títulos Anteriores\nCapítulo Único\nDisposiciones Comunes\nArtículo 108. \nPrescripciones. La acción para iniciar el procedimiento prescribirá en tres años, contados a partir del\nmomento en que se produjo la falta, en el caso de las prácticas restrictivas de la competencia, o desde el momento del\nconocimiento efectivo de la falta, en el caso de las prácticas de comercio desleal.\nDe igual forma, prescribirá en cinco años la acción para las reclamaciones de protección al consumidor. En este caso, el\nplazo se contará a partir del momento en que se perfecciona la relación de consumo, salvo que se trate de una reclamación\npor vicios ocultos y/o de responsabilidad civil por producto defectuoso, en cuyo caso el plazo para la prescripción se\ncontará a partir del momento en que el consumidor tuvo conocimiento del hecho dañoso.\nEsta prescripción se interrumpirá con la presentación y notificación de la demanda, de acuerdo con las normas generales\ndel Código Judicial.\nArtículo 109. \nDivulgación. En todo el territorio nacional, la Autoridad divulgará la presente Ley y promoverá campañas\nde divulgación e información relativas a los derechos y las obligaciones de los consumidores y de los agentes económicos,\nasí como la forma de hacerlos valer. Igualmente, coordinará, con las organizaciones empresariales y con las\norganizaciones de consumidores, las recomendaciones para la elaboración de los documentos contractuales relativos a las\nmaterias reguladas por esta Ley.\nPara cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, el presupuesto anual de la Autoridad, además de las asignaciones\ncorrespondientes para cubrir el costo de sus campañas de divulgación en favor de los consumidores, incluirá, en calidad\nde transferencia a las asociaciones de consumidores debidamente constituidas y reconocidas por las entidades\ncorrespondientes, una suma total que en ningún caso excederá el diez por ciento (10%) de su presupuesto de divulgación y \npublicidad.\nTítulo V\nProcedimiento Administrativo\nCapítulo I\nProceso de Verificación de Concentraciones Económicas\nArtículo 110. \nProcedimiento de verificación. En todos los casos en que la Autoridad verifique una concentración\neconómica, seguirá el procedimiento siguiente:\n1. El agente económico interesado hará la notificación correspondiente por escrito, la que se acompañará con copia del\nacto jurídico de que se trate, señalando los nombres o razones sociales de las partes involucradas, sus estados financieros\ndel último ejercicio fiscal, su participación en el mercado pertinente y los demás datos que sean necesarios para conocer la \ntransacción.\n2. La Autoridad podrá requerir datos o documentos adicionales, dentro de los veinte días calendario siguientes al recibo de\nla notificación.\n25No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n3. A partir de la fecha de recibo de la notificación o de la fecha en que se reciban los datos o documentos adicionales,\nsegún fuera el caso, la Autoridad tendrá un plazo de hasta sesenta días calendario para emitir su resolución. Si este plazo\nvenciera sin que se haya emitido tal resolución, se entenderá aprobada la concentración.\n4. La resolución de la Autoridad deberá estar debidamente motivada y fundamentada en la ley.\n5. La resolución favorable de la Autoridad sobre la concentración económica no implica un pronunciamiento sobre la\nrealización de otras prácticas monopolísticas prohibidas por la ley.\n6. La Autoridad podrá rechazar una solicitud de verificación cuando esta resulte obviamente inconducente o cuando haya\nemitido concepto anteriormente sobre la misma verificación.\nCapítulo II\nProceso de Conciliación al Consumidor\nArtículo 111. \nQuejas. El consumidor podrá presentar las quejas que tenga contra un proveedor a la Autoridad, la cual\nintentará conciliar a las partes. Las quejas se presentarán por escrito.\nEste artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.\nArtículo 112. \nCitación. Una vez recibida la queja, se expedirá boleta de citación para el proveedor, con indicación del\nlugar, la fecha, la hora y el motivo de la diligencia, la cual deberá ser notificada a más tardar con dos días de anticipación.\nLa inasistencia a las citaciones no constituirá desacato ni se tomará como presunción de culpa.\nArtículo 113. \nConciliación. El proceso será oral y sin formalidades. El conciliador analizará el caso, informando a las\npartes lo que la ley dispone al efecto, e intentará avenirlas a fin de propiciar un arreglo amigable entre las partes.\nEl conciliador levantará un acta de lo actuado y si no hubiera avenimiento dejará constancia de ello, en caso de que el\nconsumidor desee acudir a la vía jurisdiccional. En los casos en que las partes alcanzaran avenimiento, el acta de\nconciliación, debidamente autenticada por la Autoridad, prestará mérito ejecutivo.\nSe designa a los alcaldes municipales de cabecera de provincia para que puedan conocer del proceso de conciliación por\nlas quejas que presenten por escrito los consumidores, de acuerdo con este Capítulo.\nArtículo 114. \nArbitraje de consumo. Se instituye el arbitraje de consumo como método alterno de solución de las\ncontroversias surgidas entre consumidores y proveedores de bienes o servicios, al tenor de lo establecido en la ley y\nobservando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes.\nEl Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.\nCapítulo III\nProceso de Decisión de Quejas\nArtículo 115. \nCompetencia. La Autoridad será competente para conocer y decidir a prevención, con los tribunales de\njusticia competentes y hasta la suma de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00), las quejas que presenten los\nconsumidores, en forma individual o colectiva, en los casos de violaciones a las disposiciones de protección al\nconsumidor de esta Ley y sus reglamentos, por parte de los proveedores de bienes y servicios.\nArtículo 116. \nInicio de investigación. Cualquier consumidor que se considere afectado por violaciones a las disposiciones\nde protección al consumidor, de conformidad con la ley y los reglamentos, por parte de proveedores de bienes o servicios,\npodrá presentar ante la Autoridad solicitud de queja, de acuerdo con las normas de competencia previamente establecidas\npara esta institución.\nLa presentación de la queja se hará por escrito ante la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, y deberá indicar\nlas generales del consumidor y del agente económico o proveedor de servicios, así como los fundamentos de hecho que\ndan lugar a la queja.\n26No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nDe admitirse la queja, el Director Nacional de Protección al Consumidor o el funcionario que él designe, dictará una\nprovidencia en la cual se hará constar tal circunstancia y se indicará la fecha y la hora para la celebración de la audiencia\nrespectiva. En dicha providencia se correrá traslado de la queja, al agente económico o proveedor de servicios, por un\ntérmino de cinco días hábiles.\nArtículo 117. \nCitaciones. La boleta de citación indicará el lugar, la fecha, la hora y el motivo de la diligencia, y será\nentregada al representante legal del proveedor o al encargado que se encuentre en ese momento, de no hallarse el primero,\na más tardar con tres días de anticipación.\nLas personas naturales podrán otorgar poder mediante carta o documento simple. Sin embargo, las personas jurídicas\ndeberán ser representadas por quien acredite su calidad de representante mediante los instrumentos legales pertinentes. En\nlos casos en que se presenten poderes especiales, estos deberán contener facultades expresas para conciliar y transigir.\nSi la persona requerida no compareciera a dos citaciones sin previa excusa justificada, la Autoridad podrá\ndeclarar el desacato, si fuera el caso.\nArtículo 118. \nAudiencia. La audiencia se celebrará en la fecha y hora fijadas y será oral y sin formalidades. El\nfuncionario que presida el acto de audiencia informará a las partes lo que dispone la ley y propiciará un acuerdo,\ncon lo cual se podrá concluir la audiencia y se ordenará el archivo del expediente.\nDe no existir acuerdo, el funcionario indicará a cada parte su turno y el tiempo de que disponen para aportar\npruebas y alegar. Una vez concluida la audiencia, se levantará un acta de todo lo actuado, la cual será firmada por\ntodas las partes que participen en ella.\nArtículo 119. \nMedios probatorios. Con el formulario de queja y durante la celebración de la audiencia, el\nconsumidor y el proveedor podrán presentar todos los medios probatorios admitidos por el Código Judicial.\nArtículo 120. \nDecisión. Concluida la audiencia, el Director Nacional de Protección al Consumidor decretará un receso de\ncinco días para preparar una resolución motivada, en la cual decidirá conforme las piezas del expediente. Esta decisión\nserá de obligatorio cumplimiento.\nArtículo 121. \nResolución y notificación. La resolución mediante la cual el Director Nacional de Protección al\nConsumidor decide la causa será notificada personalmente a las partes. Si la parte que hubiera de ser notificada\npersonalmente no fuera hallada en horas hábiles en la oficina, la habitación o el lugar designado por ella, en dos días\ndistintos, será notificada por edicto, el cual se fijará en las oficinas de la Autoridad por cinco días hábiles, y se dejará\nconstancia en el expediente de dicha fijación.\nLos edictos llevarán una numeración continua y se confeccionarán un original y una copia. Los originales formarán un\ncuaderno que se conservará en los archivos de la Autoridad, y la copia se agregará al expediente correspondiente. En el\nedicto deberá expresarse claramente la fecha y la hora de su fijación y desfijación.\nSin perjuicio de la sanción administrativa por desacato, las resoluciones proferidas deberán cumplirse en el plazo de cinco\ndías hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la resolución, cuando se trate de una decisión de la Autoridad, o dentro\ndel plazo que las partes hayan acordado, en el supuesto de la conciliación.\nPara los efectos del cumplimiento forzoso de lo resuelto o acordado por la Autoridad y ante ella, prestarán mérito\nejecutivo la resolución ejecutoriada debidamente autenticada por la Autoridad, y la copia autenticada del acta de la\nconciliación, en la cual el proveedor se comprometió a dar o a hacer algún acto para satisfacer las reclamaciones del \nconsumidor.\nArtículo 122. \nRecursos. La resolución proferida en primera instancia podrá apelarse ante el Administrador de Protección\nal Consumidor y Defensa de la Competencia. Dicho recurso deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los cinco días\nsiguientes a la notificación. El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo. Con dicho recurso se agota la\nvía gubernativa.\nArtículo 123. \nPago de la sanción. Una vez ejecutoriada la resolución que imponga multas al proveedor, se le concederá\nun periodo no mayor de diez días hábiles para que proceda a su cancelación.\n27No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nTítulo VI\nProcedimiento Jurisdiccional\nCapítulo I\nDisposiciones Preliminares\nArtículo 124. \nCompetencia. Se crean tres juzgados de circuito del ramo civil en el Primer Distrito Judicial de Panamá,\nque se denominarán Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito\nen Colón. Adicionalmente, se crea un juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se\ndenominarán Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de Los Santos, respectivamente,\npara conocer de estas causas en sus respectivos distritos judiciales. Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente\nde las causas siguientes:\n1. Reclamaciones individuales o colectivas promovidas de acuerdo con la presente Ley.\n2. Controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley, en materia de monopolio\ny protección al consumidor.\n3. Controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluyen, entre otras, las relativas a Derechos de Autor y\nDerechos Conexos, marcas de productos o de servicios y patentes.\n4. Controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y distribución.\n5. Controversias relativas a los actos de competencia desleal.\n6. Acciones de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, y el\nresarcimiento pecuniario del daño globalmente producido a la colectividad interesada.\n7. Conceder autorizaciones a la Autoridad para que practique diligencias probatorias, exámenes de documentos privados\nde empresas, allanamientos y cualquier otra medida que esta solicite en el curso de una investigación administrativa o para\nel aseguramiento de pruebas.\n8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley, y decretar la suspensión de los actos \ninfractores.\n9. Decretar las medidas cautelares que soliciten la Autoridad o los demandantes particulares.\nDe los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional conforme a esta Ley, conocerá el juzgado de circuito\ncorrespondiente que tenga a su cargo la atención de los negocios civiles.\nLas controversias que surjan en materia de propiedad industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos, o cuando los\nbienes o las relaciones sobre los que recaiga la reclamación hayan circulado, en todo o en parte, en la circunscripción del\nPrimer Distrito Judicial de Panamá, los juzgados creados por esta Ley serán competentes a prevención, a elección del\ndemandante, junto con el juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera de las causas anteriores.\nSe exceptúan los casos exclusivamente asignados a la Autoridad.\nParágrafo. Mientras no se establezcan los juzgados a que se refiere este artículo, los respectivos juzgados de circuito\nconocerán de los casos correspondientes.\nParágrafo transitorio. Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto inmediato. Sin embargo, los\nprocesos establecidos en el numeral 3 de este artículo, que se hayan iniciado con anterioridad a la creación de los\ntribunales previstos en esta Ley, serán declinados por el Ministerio de Comercio e Industrias a favor de estos, pero se\nregirán por la ley coetánea a su iniciación. Los procesos iniciados una vez se establezcan los tribunales antes mencionados\nse regirán en su totalidad por esta Ley.\n28No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 125. Legitimación. Se encuentran legitimados para ejercer la pretensión:\n1. Cualquier persona afectada.\n2. La Autoridad.\n3. Las asociaciones de consumidores organizados.\n4. Las entidades de gestión colectiva.\nEl juez resolverá, en cada caso concreto, sobre la admisibilidad de la legitimación invocada, considerando\nprioritariamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:\na. Que la agrupación esté integrada por los sujetos que, en forma particular, resultaran perjudicados por el hecho u\nomisión violatorio del interés colectivo, en cuyo caso la acreditación de la personería jurídica del grupo podrá\ncomprobarse dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la resolución que le concede la legitimación para obrar.\nb. Que la agrupación prevea estatutariamente, como finalidad expresa, la defensa del tipo específico o la naturaleza del\ninterés colectivo menoscabado.\nc. Que la agrupación esté ligada territorialmente al lugar de producción de la situación lesiva del interés colectivo.\nd. Que el número de miembros, la antigüedad en su funcionamiento, las actividades y los programas desarrollados y\ncualquier otra circunstancia reflejen la seriedad y responsabilidad de la trayectoria de la agrupación en defensa de los\nintereses colectivos.\nArtículo 126. \nTribunal de apelación. Se crea el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que\nestará integrado por tres magistrados.\nEste tribunal conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o los autos dictados en primera instancia por los\njuzgados de circuito, en las causas enumeradas en el artículo 124 de esta Ley.\nLas providencias serán firmadas por un solo magistrado, y las sentencias o los autos que pongan fin al proceso o entrañan\nsu pretensión serán firmados por dos magistrados. En caso de discrepancia, dirimirá el tercer magistrado.\nPara la designación de magistrado se requerirá, además de los requisitos exigidos por el Código Judicial, experiencia\nmínima de tres años en Derecho Comercial.\nArtículo 127. \nJuzgados municipales. Habrá dos juzgados municipales en la ciudad de Panamá y uno en la ciudad de\nColón, que conocerán a prevención de la Autoridad de las demandas o reclamaciones presentadas por los consumidores\nhasta la suma de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00), y privativamente conocerán de:\n1. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores desde la suma de dos mil quinientos balboas\ncon un centésimo (B/.2,500.01) hasta diez mil balboas (B/.10,000.00). \n2. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores, por incumplimiento de contratos y/o promesas\nde compraventa de vivienda de interés social. \n3. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores por incumplimiento de contratos de\ncompraventa de vehículos automotores, hasta la suma de quince mil balboas (B/.15,000.00). \nLos procesos a que se refiere este artículo se rigen por las siguientes reglas:\n1. El proceso será oral, sin perjuicio de la necesidad del soporte escrito para el registro de las gestiones y actuaciones\nque se realicen dentro del proceso, lo que correrá por cuenta del tribunal. \n2. Las partes podrán comparecer al tribunal y realizar todas sus gestiones de manera directa o mediante abogado. Esto\nse entiende sin perjuicio del derecho de las partes de hacerse representar por abogado, aun luego de que hayan\ncomparecido al proceso de manera directa, o a continuar el proceso de manera directa, aun cuando hayan\ncomparecido al proceso mediante abogado. \n3. Presentada la demanda o levantada el acta en la cual se hagan constar las reclamaciones del demandante, el juez\nseñalará la fecha y la hora para que las partes comparezcan en audiencia pública. De la demanda o del acta en la que\n29No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nse hagan constar las reclamaciones, así como la fecha y la hora de audiencia, se deberá notificar al demandado con\nno menos de cinco días de anticipación a la fecha de audiencia. \n4. En el acto de audiencia, el tribunal hará comparecer a las partes, oirá sus razones y procurará avenirlas. Si no lo\nconsigue y previo análisis sobre la admisión de pruebas, examinará los testigos y los documentos, practicará los medios de\nprueba propuestos por las partes y escuchará sus alegaciones sucintas. \n5. Seguidamente el juez, en la misma audiencia, decidirá lo que corresponda, y la decisión se notificará a las partes, sin\nperjuicio de ejercer la potestad que le confiere el artículo 793 del Código Judicial. Si el juez lo estima necesario, decretará\nun receso por cinco días para preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá a su notificación personal. \n6. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial autorice expresamente un trámite especial, o\nque por su naturaleza puedan o deban resolverse inmediatamente que se formulen. En todo caso, se resolverán de plano y\nsin recurso alguno. \n7. Contra la decisión que se dicte en estos procesos solo se admite recurso de reconsideración, el cual se interpondrá\ndentro del término de dos días y será decidido por el mismo tribunal dentro de los dos días siguientes. \n8. Si las pruebas que indicaran las partes hubieran de practicarse en otro lugar, se concederá para ello un término\nindispensable que no excederá de veinte días, atendiendo cada caso. \n9. En estos procesos, las partes deben hacer todos sus reclamos y ejercitar todos sus derechos en la audiencia,\nincluyendo la contestación de la demanda. El juez, a su prudente juicio, resolverá sobre ellos allí mismo, o los aplazará\npara considerarlos en la sentencia, pero si se trata de impedimentos y recusaciones, se llamará al que deba resolver sobre\nellos para que lo haga inmediatamente y el negocio siga su curso. \n10. Si el demandado no compareciera después de ser citado, con expresión del objeto de citación, y no hubiera\nmanifestado oportunamente tener impedimento atendible, el demandante puede pedir al juez que lo oiga y practique la\nprueba presentada. El juez decidirá lo que corresponda. \n11. En estos procesos no habrá condena en costas en contra de los consumidores. \n12. En caso de duda sobre el fondo de la controversia, prevalecerá lo que alegue el consumidor. \n13. En caso de que la parte o su abogado, a quien deba notificársele una resolución personalmente, no se encuentre\nen el domicilio que haya indicado al tribunal en dos intentos de notificación realizados en días distintos por\nparte del funcionario judicial encomendado para ese propósito, le será notificada la resolución mediante edicto que será\nfijado en los estrados del tribunal. \nParágrafo transitorio. Mientras no se establezcan los juzgados a que se refiere este artículo, los respectivos\njuzgados municipales de cabecera de provincia conocerán de las correspondientes causas. En las restantes\ncircunscripciones territoriales del Primer Distrito Judicial de Panamá, así como en el Segundo, Tercero y Cuarto\nDistrito Judicial de Panamá, continuarán conociendo de estas causas los respectivos juzgados municipales civiles o\nmixtos, de conformidad con las reglas de competencia territorial previstas en el Código Judicial.\nCapítulo II\nDisposiciones Generales\nArtículo 128. \nReglas procesales. Los procesos a que se refiere el artículo 124, salvo procedimiento especial, se\nregirán por las siguientes reglas:\n1. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, y serán fundamentalmente orales sin que esto excluya que las\npartes o el tribunal puedan dejar constancia escrita de lo actuado.\n2. De la demanda se correrá traslado a la parte demandada por el término de diez días y por igual término se dará traslado\na la demanda de reconvención, si la hubiera, la que será admisible en todos los procesos que se listan en el artículo 124,\nexcepto en los casos de protección al consumidor y en materia de prácticas monopolísticas.\n3. Constituido el proceso, el tribunal, al día siguiente de vencido el término de contestación de la demanda del último\ndemandado que haya comparecido, fijará la fecha y la hora en la que las partes deberán comparecer a la audiencia\npreliminar. Esta audiencia preliminar se deberá celebrar dentro de los sesenta días calendario siguientes. Hasta el día hábil\nanterior a la fecha fijada para la audiencia preliminar, toda demanda o petición puede, por una sola vez, ser aclarada,\ncorregida, enmendada o adicionada. En este caso, el juez dará nuevo traslado y el demandado podrá corregir su \ncontestación.\n30No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nEn la audiencia preliminar se podrá considerar lo siguiente:\na. La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos.\nb. La necesidad o la conveniencia de corregir los escritos de las partes.\nc. La posibilidad de que las partes admitan hechos y documentos que hagan innecesaria la práctica de determinadas \npruebas.\na) La limitación del número de peritos. \nb) El señalamiento de la fecha y la hora para que las partes, acompañadas de sus pruebas, comparezcan a la audiencia\nordinaria. En materias relacionadas con el Título I o de reclamaciones de consumidores, la fecha para la audiencia\nordinaria se fijará dentro de los tres meses siguientes a la celebración de la audiencia preliminar. En los demás\nprocesos, dentro de los seis meses siguientes a la celebración de la audiencia preliminar. \nc) Otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la tramitación. \nTodo lo anterior fijará los hechos sometidos a debate.\n4. La audiencia preliminar es inaplazable. La audiencia ordinaria solo será aplazable una sola vez y por justo motivo\ninvocado, independientemente de la parte que lo solicite, por lo menos el día hábil anterior al señalado para esta, o\ndeclarado por el juez en cualquier momento antes de que se inicie. En todo caso, el tribunal deberá pronunciarse\ninmediatamente se reciba la petición de aplazamiento de la audiencia, y deberá comunicar a las partes lo resuelto, al\nmenos telefónicamente, de lo que se dejará constancia secretarial en el expediente.\nFijada la segunda fecha de audiencia ordinaria, esta se celebrará con intervención de las partes que concurran. De no\nconcurrir ninguna, el tribunal dictará sentencia con fundamento en las pruebas que se hubieran aducido o acompañado a la\ndemanda y a la contestación y en las que el tribunal de oficio considere agregar, para verificar las afirmaciones de las \npartes.\nEn las causas relacionadas con las materias previstas en el Título I de esta Ley, el tribunal deberá reservar hasta cuarenta y\ncinco días hábiles consecutivos en el calendario de audiencias para la práctica de pruebas dentro de la audiencia ordinaria.\nEn caso de que la audiencia no culmine en el periodo antes señalado, el juez deberá fijar fecha adicional, por una sola vez,\npara la continuación de la audiencia por un periodo no mayor de treinta días hábiles consecutivos.\nEn todos los procesos establecidos en el artículo 124, las partes contarán con el término de cinco días dentro de la\naudiencia ordinaria, agotada la fase de práctica de pruebas, para presentar sus alegaciones orales o escritas.\n5. El juez podrá practicar pruebas de oficio y, en todos los casos, deberá citar a las partes para que las fiscalicen en\ncontradictorio, de acuerdo con las normas del Código Judicial.\n6. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial autorice expresamente un trámite especial, o\nque por su naturaleza puedan o deban resolverse inmediatamente que se formulen. En el primer caso, una vez\ninterpuestos, se dará traslado por tres días a la parte contraria y, en el segundo caso, se resolverá de plano y sin recurso \nalguno.\n7. El juez debe estar presente durante la totalidad de la audiencia en trámite. De no hacerlo, el superior jerárquico, de\noficio o a solicitud de parte o del Ministerio Público, le impondrá una multa que no será menor de veinticinco balboas\n(B/.25.00) ni mayor de cien balboas (B/.100.00).\n8. En los procesos en que se ejerciten acciones individuales o colectivas de consumidores, estos no podrán ser condenados\nen costas, salvo que hayan obrado con temeridad, la cual debe ser declarada en forma expresa y motivada por el juez.\n9. Solo es apelable la resolución que le ponga fin a la instancia, la que imposibilite su continuación y la que decrete\nmedidas provisionales o cautelares. Fuera de estos casos, no se admitirá recurso de apelación.\nLa apelación de la sentencia se concederá en el efecto suspensivo, la resolución que decrete medidas provisionales o\ncautelares, en el efecto devolutivo, y los autos que pongan fin a la instancia o imposibiliten la continuación del proceso, en\nel efecto diferido.\n31No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n10. El recurso de apelación se tramitará de acuerdo con la Sección 7\na\n del Capítulo I, Título XII, Libro Segundo del\nCódigo Judicial.\nCapítulo III\nProceso Colectivo de Clase\nArtículo 129. \nReglas procesales. El ejercicio de las acciones de clase, en materia de consumo, corresponde a uno o más\nmiembros de un grupo o clase de personas que han sufrido un daño o perjuicio derivado de un producto o servicio. Tal\nejercicio se entiende en beneficio del respectivo grupo o clase de personas. La Autoridad, las asociaciones de\nconsumidores organizados o un grupo de consumidores que nombre un representante colectivo están legitimados para \ndemandar.\nLos procesos colectivos de clases se rigen por las siguientes reglas:\n1. Uno o varios miembros de una clase podrán demandar, como representantes de todos los miembros de la clase, en\ncualquiera de los siguientes casos: si el grupo fuera tan numeroso que la acumulación de todos los miembros resultara\nimpracticable, si existieran cuestiones de hecho o de derecho común al grupo, si las pretensiones de los representantes\nfueran típicas de las reclamaciones de la clase, si las reclamaciones, de tratarse separadamente, fueran susceptibles de\nsentencia incongruentes y divergentes y si las reclamaciones, de tratarse individualmente, resultaran ilusorias.\n2. Junto con la demanda deberá aportarse prueba indiciaria del daño alegado.\n3. El tribunal, al acoger la demanda, la fijará en lista y publicará un edicto por cinco días consecutivos en un diario de\nreconocida circulación nacional, para que, en el término de veinte días, contado a partir de su última publicación, el\ndemandante o los demandantes y todas las personas pertenecientes al grupo comparezcan al proceso para hacer valer sus\nderechos, formular argumentos o participar en el proceso.\n4. Mediante la presentación de poderes al tribunal, a favor del abogado que promovió la demanda o de un apoderado de su\nelección, los miembros del grupo que se incorporen al proceso adhiriéndose a la demanda asumirán con ello la obligación\nde cubrir los honorarios correspondientes, conforme lo señale el juez, que se pagarán de acuerdo con la cuantía de la\ncondena. Si la demanda es propuesta por la Autoridad, los miembros de la clase no estarán obligados a pagar honorarios.\nEl miembro de la clase que desee excluirse podrá hacerlo hasta antes de que se fije fecha para la audiencia preliminar.\n5. En los supuestos en que concurran varios apoderados, el juez ordenará la unificación de apoderados, para lo cual\nconcederá tres días a las partes para que se pongan de acuerdo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo dentro\nde los próximos tres días, el juez decretará la unificación sin exceder de cinco apoderados por cada reclamación. Para la\ndesignación, el juez tomará en cuenta, entre otros elementos, los abogados que aparezcan en la lista que al efecto remitirá\nla Autoridad, la calificación del abogado, la experiencia que tengan en la materia, y la designación hecha por los \ninteresados.\n6. Una vez surtido el trámite de convocatoria de los miembros de la clase y dentro del término de seis días, el juez\ncalificará la demanda, pudiendo admitirla, de considerar que esta cumple con los requisitos de la ley y que la clase se\nencuentra debidamente conformada, o rechazarla por ser manifiestamente inconducente, temeraria o carente de\nfundamento legal o porque no ha tenido lugar la conformación de la clase. La notificación de esta resolución será \npersonal.\nLa resolución que rechaza la demanda será apelable ante el tribunal superior, y la que admite la demanda es irrecurrible y\nesta se correrá en traslado a la parte demandada siguiéndose en lo sucesivo el trámite previsto en el artículo 128 de la\npresente Ley.\nCualquier incidente coetáneo con el inicio del proceso y cualquier excepción previa deberán alegarse dentro de los tres\ndías siguientes a la contestación de la demanda y serán resueltos en la audiencia preliminar a que se refiere el numeral 3\ndel artículo 128 de la presente Ley.\n7. Las transacciones quedan sujetas a la aprobación del juez, quien velará por que los derechos concedidos en la presente\nLey queden debidamente protegidos.\n32No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n8. La sentencia afectará a todos los miembros que pertenezcan a la clase, aunque no hayan intervenido en el proceso.\n9. El juez condenará en costas al proveedor vencido, regulará, a su prudente arbitrio, los pactos de cuotalitis y señalará los\nhonorarios que deban pagar los interesados que comparezcan en la etapa de ejecución y obtengan condena favorable,\ndistribuyéndolos equitativamente entre los apoderados que promovieron la demanda y gestionaron en su causa, teniendo\nen cuenta la gestión realizada y el resultado obtenido, entre otros elementos.\n10. Reconocida la pretensión de la clase, las partes que no hubieran comparecido al proceso al tiempo en que la clase\nfuera definida por el tribunal podrán formular sus reclamaciones en la fase de ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia\nestimatoria de la pretensión de la clase para la liquidación de la condena se procederá conforme a las siguientes reglas:\na) Una vez en firme la sentencia, los beneficiados con esta deberán acudir dentro de los seis meses siguientes a solicitar\nla liquidación y la ejecución de la sentencia. Vencido dicho plazo se entenderá prescrito este derecho. La\ncorrespondiente solicitud deberá estar debidamente motivada y especificada. \nb) Si la sentencia que se pretende ejecutar fuera dictada dentro de un proceso en el cual se hubieran determinado todos\nlos miembros que integran la clase y la extensión y cuantía del daño sufrido, habiendo comparecido dichos\nmiembros, se podrá pedir la ejecución conforme a las reglas previstas en el Libro Segundo del Código Judicial. \nEn los casos en que no hubieran comparecido todos los miembros de la clase al proceso y de ser estos determinables,\ndeberán solicitar la liquidación y ejecución de conformidad con las reglas establecidas en el literal d.\nc. En los supuestos en que sea indeterminada la clase y la extensión y cuantía del daño percibido, la sentencia que se dicte\npara los efectos de hacer más eficiente su liquidación y ejecución, además de establecer las bases para su liquidación,\ntambién podrá establecer categorías o grupos de personas afectadas, indicar las pruebas que deben presentarse para\nacreditar a qué grupo o categoría pertenecen y las pruebas que deben presentar los miembros que no comparecieron al\nproceso para acreditarse como miembro de la clase.\nd. Luego de transcurridos los seis meses de la ejecutoria de la sentencia, el tribunal procederá a dar traslado a la parte\ncondenada por el término de diez días. Vencido dicho término el juez dictará el auto aprobatorio de la liquidación.\ne. La resolución que resuelve sobre la solicitud de liquidación y/o sobre las objeciones solo admite recurso de\nreconsideración. La que, además, resuelve sobre excepciones, admite recurso de apelación en el efecto suspensivo. En este\ncaso, el trámite de apelación se rige por las reglas previstas en el artículo 996 del Código Judicial.\n11. En la etapa de liquidación y ejecución, la parte que hubiera sido condenada solo podrá invocar, frente a las personas\nque se hubieran adherido al proceso, dentro de los diez días de traslado de que trata el literal d del numeral 10 del presente\nartículo, las siguientes excepciones:\na. Transacción.\nb. Compensación.\nc. Prescripción.\nd. Cosa juzgada.\ne. Que el adherente no se encontraba dentro de los supuestos sobre los que recae el litigio o dentro de la clase demandante.\nf. Que los daños o los perjuicios fueron causados o agravados por causa ajena o adicional al defecto del producto o \nservicio.\ng. Que el adherente conocía y se allanó al vicio o defecto del producto o servicio.\nh. Que el adherente no tenía legítimo título sobre el producto o servicio que dio lugar al daño.\nLas excepciones solo se pueden aducir dentro del término del traslado de la solicitud de liquidación y se sustanciarán\ndando traslado de estas por tres días a los miembros de la clase que ellas afecten, los cuales deben dentro de dicho término\npresentar sus oposiciones y las pruebas documentales en que se fundamenten, debiendo el tribunal pronunciarse sobre las\nexcepciones en la misma resolución que resuelve el fondo de todas las solicitudes de liquidación.\n33No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n12. En todo caso, la liquidación y ejecución de la condena estará a cargo del tribunal que conoció del proceso de clase, el\ncual para estos efectos tramitará todas las solicitudes de liquidación y ejecución en cuaderno separado al expediente\nprincipal. \n13. Una vez realizado el pago de las sumas de la condena, el tribunal de la causa, atendiendo a la cantidad de miembros\nde la clase y a las posibles complejidades que se pudieran presentar en el proceso de pago, podrá designar un curador\npara que, en el término de noventa días, realice la distribución de las sumas entre los miembros de la clase. \nCapítulo IV\nAseguramiento de Pruebas\nArtículo 130. \nDivulgación. Cualquiera de las partes puede exigir a la otra la divulgación de informaciones y el suministro\nde documentos, por cualquiera de los siguientes medios:\n1. Declaraciones juradas mediante preguntas orales o por escrito.\n2. Interrogatorios escritos o dirigidos a las partes.\n3. Exhibición de documentos y otros objetos.\n4. Permiso para entrar en terrenos y otras propiedades, con el objeto de efectuar inspecciones oculares y para otros fines.\n5. Exámenes físicos o mentales.\n6. Solicitud de reconocimiento de hechos, cosas o documentos.\nTambién podrán obtener el aseguramiento de pruebas, mediante los mecanismos establecidos en el Código Judicial.\nArtículo 131. \nSuministro de información. A menos que el juez haya fijado limitaciones, cualquier parte puede exigir a las\notras que le suministren o muestren información, cosas o documentos, con relación a cualquier asunto no sujeto a secreto\nprofesional, que sea conducente a lo que es objeto del litigio y que se relacione con la reclamación o defensa de cualquier\nparte, incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y ubicación de cualquier libro, documento u\notro objeto, así como la identificación y ubicación de personas que tengan conocimiento de cualquier asunto sujeto a ser \nrevelado.\nArtículo 132. \nInformación sobre contratos de seguro. Las partes pueden obtener información respecto a la existencia y al\ncontenido de cualquier contrato de seguro, según el cual cualquier persona dedicada al negocio de seguros pueda resultar\nresponsable, en todo o en parte, por la sentencia que sea dictada en proceso, o por la indemnización o el reembolso por\npagos hechos para dar cumplimiento a la sentencia.\nLas partes no podrán obtener información sobre la solicitud de seguro que forma parte del contrato de seguro.\nSi se solicita información más amplia o documentación adicional, el tribunal puede ordenar que se realice por otros\nmedios, con sujeción a las restricciones relativas al ámbito de la divulgación y a las disposiciones referentes a honorarios\ny desembolsos, que considere apropiados.\nArtículo 133. \nResoluciones. A petición de la parte a la cual se le solicita la divulgación, y por justa causa, el tribunal\npuede dictar las resoluciones que sean necesarias para protegerla contra molestias, humillaciones, gastos injustificados o\ncualquier otro abuso, incluyendo lo siguiente:\n1. Que no se permita la divulgación, dado su carácter manifiestamente temerario, o se le requiera caución prudente del \ntribunal.\n2. Que la divulgación sea permitida solamente bajo ciertos términos y condiciones específicos, incluyendo la hora, la\nfecha y el lugar.\n3. Que la divulgación sea hecha únicamente por uno de los medios de divulgación distinto al solicitado.\n34No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n4. Que no se investiguen ciertos asuntos, o que el ámbito de la divulgación quede limitado a ciertos asuntos.\n5. Que la divulgación sea hecha únicamente en presencia de las personas designadas por el tribunal.\n6. Que una vez sea sellada una declaración tomada extra juicio, solo pueda ser abierta por providencia del tribunal.\n7. Que un secreto comercial u otras investigaciones, descubrimientos o informaciones comerciales, de carácter\nconfidencial, no sean divulgados.\n8. Que las partes presenten simultáneamente, al tribunal, determinados documentos o informaciones en sobres sellados,\npara ser abiertos solamente cuando lo ordene el tribunal.\nSi la solicitud es denegada, en todo o en parte, el tribunal podrá ordenar que cualquiera de las partes provea o permita la\ndivulgación, bajo los términos y las condiciones que considere justos.\nArtículo 134. \nMedios de divulgación. A menos que el tribunal, a solicitud de parte, disponga lo contrario, para la\nconveniencia de las partes o de los testigos y en aras de la justicia, se pueden solicitar medios de divulgación en cualquier\norden, y el hecho de que se esté dando curso a la solicitud de divulgación de una parte, mediante declaración jurada o en\notra forma, no debe demorar el proceso de la divulgación solicitada por la otra parte.\nArtículo 135. \nAdición a la contestación. La parte que haya contestado la solicitud de divulgación en forma exhaustiva no\nestá obligada a adicionarle a su contestación información obtenida posteriormente, excepto:\n1. En relación con cualquier pregunta dirigida a establecer la identidad y el paradero de personas que tengan conocimiento\nde hechos sobre los cuales estén obligados a declarar.\n2. Si obtiene información sobre cuya base se da cuenta de que:\na. Su contestación no era correcta cuando fue hecha.\nb. Su contestación era correcta cuando fue hecha, pero ya no lo es.\n3. Si la obligación es impuesta por el tribunal o por acuerdo de las partes, o en cualquier tiempo antes de la audiencia,\nmediante nuevas solicitudes para adicionar contestaciones anteriores.\nArtículo 136. \nOrden de divulgación. Cualquier parte puede solicitar al tribunal que ordene determinada divulgación,\nprevio aviso adecuado a las otras partes y a las personas que resulten afectadas.\nArtículo 137. \nOmisión en contestar preguntas. Si el declarante omite contestar una pregunta formulada o presentada\nconforme a los artículos anteriores, o si una sociedad anónima u otra entidad deja de hacer la designación de la persona\nnatural que haya de representarla, o si una de las partes omite contestar la solicitud para que se efectúe una inspección\nformulada conforme al artículo 187 u omite permitir la inspección solicitada, el peticionario podrá solicitar al tribunal que\nordene una contestación, que se haga una designación o que se efectúe la inspección solicitada.\nEn caso de que la solicitud sea negada, en todo o en parte, el tribunal podrá ordenar las medidas de protección \nconducentes.\nArtículo 138. \nContestación evasiva o incompleta. Una contestación evasiva o incompleta será considerada, para los\nefectos de esta Ley, como una renuencia a contestar.\nArtículo 139. \nDesacato. La renuencia a dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal se tendrá como desacato.\nSección 1\na\nSanciones\nArtículo 140. \nRenuencia. Si una parte deja de admitir la autenticidad de un documento o la veracidad de cualquier\nafirmación, como lo requiere la ley, y si la parte que solicita las aceptaciones demuestra luego que el documento era\nauténtico, o demuestra la veracidad de una afirmación, ella puede solicitar al tribunal que ordene, a la otra parte, el pago\nde los gastos incurridos para demostrarlo, incluyendo honorarios de abogado. El tribunal dictará dicha resolución, a menos\n35No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nque establezca que:\n1. La solicitud era objetable.\n2. La aceptación solicitada carecía de importancia en el proceso.\n3. Existían razones justificadas para no hacer la aceptación.\nArtículo 141. \nResoluciones. El tribunal ante el cual está pendiente el proceso, a solicitud de parte, podrá dictar las\nresoluciones que estime justas en relación con las omisiones que se señalan a continuación, y exigir a la parte que dejó de\nactuar que pague los gastos, incluyendo honorarios de abogados, ocasionados por la omisión, a menos que el tribunal\nconcluya que dicha omisión se justificaba, o que otras circunstancias no justificarían la condena en costas:\n1. No comparecer ante el funcionario que tomará su declaración después de haber sido debidamente notificada.\n2. No contestar u objetar el interrogatorio presentado.\n3. No responder a la solicitud de inspección formulada.\nArtículo 142. \nPresunciones. La no comparecencia del citado, su renuencia a responder y su respuesta evasiva harán\npresumir ciertos hechos susceptibles de prueba de confesión, sobre los que versen las preguntas asertivas admisibles\ncontenidas en el interrogatorio escrito, y así lo hará constar el juez en la audiencia.\nLa misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda o su contestación cuando, no habiendo\ninterrogatorio escrito, el citado no comparezca. Si las preguntas no fueran asertivas o el hecho no admitiera prueba de\nconfesión, la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio en contra de la\nparte citada.\nSección 2ª\nTestimonios\nArtículo 143. \nSolicitud. La parte que desea tomar alguna declaración mediante examen oral de testigo dará aviso de ello\npor escrito a todas las otras partes con anticipación razonable, así como el nombre y la dirección de las personas que\ndeclararán, si fueran conocidas, y, de no ser conocidas, una descripción de dichas personas lo suficientemente amplia para\nfacilitar su identificación.\nEl tribunal podrá, a solicitud de parte y por justa causa, prorrogar o reducir el plazo para que sea tomada la declaración.\nIgualmente, podrá fijar la fecha y el orden en que deben tomarse las declaraciones, según mejor convenga a los intereses\nde las partes, los testigos y la Administración de Justicia.\nEl tribunal nombrará un intérprete o traductor cuando lo estime conveniente, en atención a circunstancias especiales.\nArtículo 144. \nDiligencia. La persona ante quien se rinda declaración iniciará la diligencia juramentando al declarante. La\ndeclaración se tomará taquigráficamente o de otra forma apropiada, y será transcrita a menos que las partes convengan\notra cosa. En ella se dejará constancia de las tachas y las objeciones que formulen las partes, para que el tribunal se\npronuncie, en su oportunidad, sobre su fundamento. La parte que solicita la declaración pagará el costo de la \ntranscripción.\nSi la persona escogida por la parte que desea tomar la declaración del testigo no está autorizada para juramentar al\ndeclarante, el juez, a solicitud de parte interesada, proferirá tal autorización.\nEl tribunal podrá confeccionar una lista de taquígrafos, en la que podría incluir a aquellos cuyos nombres le sean\nsuministrados por abogados adscritos al tribunal, a quienes autorizará, por el tiempo que el tribunal fije, para juramentar\ntestigos que comparezcan ante ellos para rendir declaraciones extra juicio.\nArtículo 145. \nOpción de presentar interrogatorio escrito. Las partes a quienes se les haya dado el aviso para tomar una\ndeclaración podrán optar por presentar interrogatorios escritos, en lugar de proceder al examen oral del declarante. En este\ncaso, se formularán las preguntas que consten en dichos interrogatorios y se consignarán literalmente las respectivas \ncontestaciones.\n36No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 146. Copias. La parte que desea tomar la declaración de alguna persona mediante preguntas escritas entregará\ncopia de estas a cada una de las partes, con indicación del nombre y la dirección de la persona ante la cual habrá de\nrendirse la declaración.\nArtículo 147. \nRepreguntas. La parte así notificada podrá someter a repreguntas escritas a la parte gestora, dentro de los\ncinco días siguientes.\nArtículo 148. Entrega de copias. Copia de la notificación y de las preguntas será entregada por la parte solicitante a la\npersona designada en la notificación. Esta procederá a tomar la declaración del testigo, en contestación a las preguntas, y a\ndar cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 154, 155 y 157 de esta Ley.\nArtículo 149. \nAviso a las partes. Una vez presentada en secretaría la declaración, la parte solicitante dará aviso de ello a\nlas demás.\nArtículo 150. Medidas de protección. A petición de parte o del declarante, el tribunal podrá, por justa causa y con\naudiencia de las partes, dictar una providencia para que no se rinda la declaración designada para ese efecto o para que se\ntome la declaración mediante examen oral o preguntas escritas.\nArtículo 151. \nSaneamiento. Cualquier error, irregularidad u omisión en la notificación a la parte, para la toma de\ndeclaraciones, se tendrá como saneado a falta de una objeción oportuna hecha por escrito y dirigida a la parte solicitante.\nArtículo 152. Impedimentos. No procederá objeción alguna por impedimento de aquel ante quien deba rendirse una\ndeclaración, a menos que tal objeción se presente antes de iniciar la declaración, o tan pronto como se tuvo o se pudo\ntener conocimiento de dicho impedimento.\nArtículo 153. \nRenuncia de la objeción. Se tendrá por renunciada toda objeción por inhabilidad de un testigo, por lo\nineficaz o inconducente de su declaración, o por errores o irregularidades cometidos en la forma de tomar la declaración,\nde formular las preguntas o de contestarlas, de prestar juramento, o por la conducta de las partes o por cualquier otro error\nque pudo haberse subsanado mediante objeción oportuna formulada durante la declaración.\nArtículo 154. \nRenuncia. Se tendrán por renunciadas las objeciones en cuanto a la forma de las preguntas escritas\nformuladas, a menos que se hagan por escrito y se notifiquen a la parte que las propuso, dentro del plazo concedido para\nformular repreguntas.\nArtículo 155. \nSaneamiento. Se tendrán por saneados los errores y las irregularidades cometidos en la transcripción de la\ndeclaración o en su preparación, firma, certificación, sello, en su envío o presentación al tribunal, o por cualquier otra\nactuación en relación con ella, a menos que oportunamente se solicite la supresión total o parcial de la declaración,\ndespués de que dicho defecto hubiera sido descubierto o pudo haber sido descubierto.\nArtículo 156. \nLectura y firma. Transcrita la declaración, esta será presentada al declarante para su lectura y firma, a\nmenos que el declarante y las partes renuncien a estos requerimientos, lo que se hará constar en el acta.\nArtículo 157. Aclaración. La persona ante la cual haya sido rendida la declaración dejará constancia de cualquier\nmodificación que sobre ella el declarante desea hacer y de las razones que haya aducido para hacerla. La declaración con\nlas modificaciones, si las hubiera, será firmada por el declarante, salvo renuncia de las partes o incapacidad o muerte de\neste, o su renuencia a firmarla. A falta de la firma del declarante, la persona ante quien haya sido rendida la declaración\nfirmará y dejará constancia en el acta de la razón por la cual no fue firmada por el declarante.\nArtículo 158. \nUso de la declaración. Cumplidos los requisitos de que tratan los artículos anteriores, la declaración podrá\nser utilizada para los fines para los cuales fue tomada, salvo que el tribunal, a solicitud de parte, resuelva que las razones\naducidas por el declarante para negarse a firmarla justifiquen que la declaración sea rechazada.\nArtículo 159. \nCertificación. Terminada la declaración, según lo establecido en el artículo anterior, la persona ante la cual\nfue rendida certificará que el declarante fue debidamente juramentado y que el documento certificado por él contiene una\ntranscripción fiel de la declaración, colocará el documento dentro de un sobre y lo sellará, consignando en él la\ndesignación del proceso y las generales del declarante, y la presentará o enviará, sin dilación, por correo recomendado, al\nsecretario del tribunal de la causa.\n37No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 160. Copia de la declaración. La persona ante quien fue rendida la declaración suministrará copia de esta a\ncualquier parte en el proceso o al declarante, mediante el pago de honorarios aprobados por el tribunal.\nArtículo 161. \nNotificación a las partes. La persona ante quien se haya rendido la declaración notificará de inmediato a las\npartes de su presentación en la secretaría del tribunal.\nArtículo 162. \nComplementación de la declaración. Si una de las partes no adujera como prueba la declaración en su\ntotalidad, cualquiera de las otras partes en el proceso podrá ofrecer una parte o el resto de la declaración.\nArtículo 163. \nSustitución de las partes. La sustitución de las partes no afectará el derecho a usar declaraciones\npreviamente tomadas en el curso del proceso. Las declaraciones rendidas en un proceso desistido podrán ser utilizadas en\nuno posteriormente instaurado entre las mismas partes, sus representantes o causahabientes, con el mismo efecto que si\nhubieran sido originariamente rendidas para ser usadas en dicho proceso posterior, siempre que versen sobre la misma \ncontroversia.\nArtículo 164. \nIncomparecencia. En el caso de que la parte que haya dado aviso para tomar una declaración dejara de\ncomparecer, o si el declarante no lo hiciera porque dicha parte dejó de citarlo, y la otra parte lo hiciera, el tribunal podrá\nordenar a la parte que no compareció, o por cuya culpa no compareció el declarante, que pague a la otra los gastos en que\nella y su abogado hubieran incurrido para comparecer, incluyendo los honorarios razonables del abogado.\nArtículo 165. \nPersonas hábiles. Las declaraciones pueden ser tomadas en la República de Panamá, ante cualquier\nfuncionario autorizado por ley para recibir juramento del declarante, o ante la persona que designe el tribunal, la cual\nqueda facultada para recibir el juramento y tomar la declaración.\nArtículo 166. \nDeclaraciones en el extranjero. Las declaraciones podrán ser tomadas fuera de la República de Panamá,\nprevio aviso a las partes:\n1. Ante persona facultada para recibir juramento por las leyes de dicho país o de la República de Panamá.\n2. Ante una persona comisionada por el tribunal con tal fin, la cual queda facultada para recibir el juramento y tomar la \ndeclaración.\n3. Mediante cartas rogatorias.\nLa designación de tales personas por el tribunal o la expedición de la carta rogatoria procederá, previa solicitud y aviso a\nlas partes, en los términos y las condiciones que sean justos y apropiados. El aviso o comisión mencionará por su nombre,\ntítulo y cargo a la persona ante la cual deba ser tomada la declaración.\nArtículo 167. \nImpedimentos. No se tomará declaración jurada ante una persona que sea pariente, dentro del cuarto grado\nde consanguinidad o segundo de afinidad, ante empleado, apoderado o consejero de cualquiera de las partes, ante\nempleado de dicho apoderado o consejero, ante quien tenga interés pecuniario en la acción, o ante pariente de este dentro\ndel cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o del apoderado o consejero.\nArtículo 168. \nAcuerdos de las partes. A menos que el tribunal disponga lo contrario, las partes pueden:\n1. Convenir por escrito que las declaraciones juradas sean tomadas previo aviso, ante cualquier persona, en cualquier\ntiempo y lugar y en cualquier forma, y que cuando hayan sido tomadas, puedan ser usadas como cualquier otra\ndeclaración jurada.\n2. Modificar los procedimientos establecidos por estas disposiciones para el uso de otros medios de divulgación; sin\nembargo, los acuerdos para prorrogar el plazo para responder a la solicitud de divulgación solo pueden hacerse con\naprobación del tribunal.\nArtículo 169. \nUso de las declaraciones. En la audiencia ordinaria o en la que se efectúe para resolver una petición, podrá\nutilizarse, contra cualquier parte que hubiera estado presente o representada en la toma de la declaración, o que hubiera\nsido debidamente notificada de dicho acto, la totalidad o cualquier parte de una declaración admisible como prueba, en los\nsiguientes casos:\n38No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n1. Por cualquier parte, con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del declarante.\n2. Por la parte contraria, para cualquier propósito, cuando la declaración haya sido rendida por la otra parte, o por\ncualquier persona que en la fecha en que se tomó la declaración era funcionario, director, agente o administrador de una\npersona jurídica, pública o privada, que sea parte en el proceso.\n3. Por cualquiera de las partes, para cualquier propósito, cuando se trate de la declaración de un testigo o de una de las\npartes, si el tribunal determina que el testigo:\na. Ha fallecido.\nb. Se encuentra fuera de Panamá, a menos que se probara que su ausencia fue motivada por la parte que ofrece la \ndeclaración.\nc. No puede comparecer o declarar por razón de su avanzada edad, por enfermedad, incapacidad física o por encontrarse \nencarcelado.\n4. Si la parte que ofrece declaración no ha logrado la comparecencia del testigo mediante citación.\nArtículo 170. \nObjeciones. Con sujeción a las disposiciones presentes, podrá objetarse, en la audiencia ordinaria o en la\nque se celebra para resolver una petición, la admisión de cualquier declaración o parte de esta, por las mismas razones que\nla harían inadmisible si el declarante estuviera presente en el acto.\nArtículo 171. \nAseguramiento de declaraciones. La persona que desee perpetuar su propio testimonio o el de otra persona,\nen relación con un asunto que pueda llegar a ser de conocimiento de un tribunal de la República de Panamá, puede\npresentar la correspondiente solicitud jurada ante el tribunal. La solicitud deberá ser hecha bajo juramento y expresará:\n1. Que el peticionario espera ser parte en una acción de conocimiento de dicho tribunal, pero no está actualmente en\ncondiciones de iniciar el proceso.\n2. La naturaleza de la acción que espera instaurar y su interés en ella.\n3. Los hechos que desea establecer mediante el proyectado testimonio y sus razones para desear perpetuarlo.\n4. Los nombres o la descripción de las personas que puedan llegar a ser la parte contraria y sus direcciones, hasta donde\nsean de su conocimiento, y lo esencial del testimonio que espera obtener de cada una de ellas, y la petición al tribunal para\nque autorice que se rindan las declaraciones solicitadas.\nArtículo 172. \nNotificación. El peticionario hará que se notifique personalmente a cada una de las personas mencionadas\nen la solicitud como posible parte contraria, y le entregará copia de esta, manifestando que el peticionario solicitará al\ntribunal la autorización correspondiente, en la fecha y el lugar en ella mencionados.\nArtículo 173. Providencia. El tribunal dictará una providencia que contendrá el nombre o la descripción de las personas\nque deban declarar, el asunto sobre el cual versará la declaración y el nombre de la persona ante la cual deban declarar,\ncon indicación del lugar, la fecha y la hora en que deban rendir la declaración, y si las declaraciones serán tomadas\nmediante examen oral o preguntas escritas, y emplazará a dichas personas para que rindan su declaración.\nArtículo 174. \nTraslado de declaración. Si una declaración tomada judicialmente en el extranjero para preservar\ntestimonios es admisible en los tribunales del país en el cual fue tomada, tal declaración puede ser utilizada en una acción\nposteriormente instaurada en un tribunal de la República de Panamá sobre el mismo asunto, siempre que las partes en\nambos procesos sean las mismas.\nArtículo 175. \nDeclaraciones en apelación. Apelada una sentencia del tribunal, o si no ha expirado aún el término para\napelar, el tribunal que dictó sentencia puede ordenar, a solicitud de parte, que se tomen declaraciones de testigos para que\npuedan ser utilizadas en actuaciones posteriores ante el tribunal.\nLas declaraciones pueden ser tomadas y usadas en la misma forma y bajo las mismas condiciones prescritas en esta Ley\npara tomar declaraciones en acciones pendientes en el tribunal.\n39No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nSección 3\na\nInterrogatorio de las Partes\nArtículo 176. Interrogatorio. Cualquiera de las partes podrá formular, a cualquiera de las otras, hasta veinte preguntas por\nescrito, y estas deberán suministrar toda la información a que tengan acceso. Dicho interrogatorio podrá ser formulado\ndespués de iniciado el proceso sin necesidad de autorización judicial.\nArtículo 177. \nContestaciones. Las preguntas deberán ser contestadas bajo juramento, por escrito, por separado y bajo la\nfirma del interrogado. El interrogado deberá entregar sus contestaciones y objeciones a la parte que las formuló, dentro de\nlos cuarenta y cinco días siguientes al recibo de las preguntas.\nArtículo 178. \nContestaciones incompletas. El proponente puede plantear al tribunal lo inadecuado de las contestaciones u\nobjeciones a las preguntas, y el tribunal ordenará que se contesten, a menos que considere que las contestaciones son\nadecuadas o las objeciones son válidas, según el caso.\nArtículo 179. \nPreguntas confidenciales. El tribunal podrá relevar a una parte de contestar preguntas, aunque no hayan\nsido objetadas oportunamente, cuando estas versen sobre asuntos de carácter confidencial que el declarante no esté\nlegalmente obligado a contestar, o no procedan según lo dispuesto en el artículo 131 de esta Ley.\nArtículo 180. \nAdiciones. Las preguntas pueden ser formuladas después de haberse tomado una declaración, y puede\nsolicitarse una declaración después de contestados los interrogatorios.\nArtículo 181. \nMedidas de protección. El tribunal podrá, a solicitud del interrogado, ordenar las medidas de protección de\nque trata el artículo 150 de esta Ley.\nSección 4\na\nAceptación\nArtículo 182. \nAceptación de hechos. Cualquiera de las partes puede solicitar a otra que admita la veracidad de\ndeterminado asunto, incluyendo la autenticidad de cualquier documento. Deberá acompañarse la solicitud con copias de\ndichos documentos, a menos que ya hubieran sido suministrados o puestos a disposición de la parte, para que los examine\ny copie. La solicitud puede ser entregada a cualquiera de las partes, sin necesidad de autorización del tribunal.\nArtículo 183. \nFormas de aceptación. Cada asunto sobre el cual se pida una aceptación debe ser indicado por separado. El\nhecho, afirmación o autenticidad del documento se tendrá por admitido, a menos que la parte a quien se haya formulado la\nsolicitud entregue al peticionario una contestación u objeción escrita a lo solicitado, firmada por la parte o su abogado,\ndentro del término de treinta días de recibida la copia de la solicitud, o de la notificación del término que fije el tribunal.\nSi se formula objeción, esta debe expresar su fundamento.\nLa contestación debe negar específicamente la veracidad de lo afirmado o la autenticidad de un documento, o exponer, en\ndetalle, las razones por las cuales la parte no puede contestar afirmativa o negativamente.\nLa parte que contesta no puede alegar la falta de conocimiento o de información como excusa para no admitir o negar, a\nmenos que manifieste, bajo juramento, que ha hecho una investigación razonable y que la información o conocimiento de\nque dispone no es suficiente para admitir o negar.\nLa solicitud de que trata el artículo anterior no puede ser objetada, por la sola razón de que plantea una controversia que\ndebe ser debatida en la audiencia. La parte puede negar el asunto o exponer las razones por las cuales no puede admitirlo o \nnegarlo.\nArtículo 184. \nSolicitud de aclaración o adición de la contestación. La parte que ha solicitado las aceptaciones puede\nplantear al tribunal lo inadecuado de las contestaciones u objeciones, y el tribunal ordenará que se conteste, a menos que\nconsidere que las objeciones son valederas. El tribunal puede considerar hecha una aceptación y ordenar que se corrija la\ncontestación, si esta no llena los requisitos y, en su defecto, puede posponer su decisión final para emitirla en audiencia\npreliminar, o en cualquier otra fecha anterior a la audiencia ordinaria.\n40No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 185. Efectos. Todo lo que fuera aceptado conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera\ndefinitivamente establecido. Cualquier aceptación hecha por una parte conforme a este artículo, solo puede ser utilizada\nen el proceso pendiente y no constituye una aceptación de su parte para ningún otro fin.\nSección 5\na\nInspección de Documentos\nArtículo 186. \nObligación de presentar documentos. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cualquiera de\nlas partes podrá solicitar al tribunal que ordene a otra de las partes suministrar determinados documentos que estén en su\nposesión, bajo su custodia y control, que constituyan o puedan servir de prueba de los hechos que puedan ser legalmente\ndivulgados, y que guarden relación con los puntos controvertidos en el proceso, o permitir que sean examinados, copiados\no fotografiados.\nSección 6\na\nInspección Judicial\nArtículo 187. \nInspección judicial. Podrá pedirse la práctica de una inspección judicial, durante la audiencia o antes de\nella, sobre lugares o cosas que hayan de ser materia del proceso.\nLa inspección podrá efectuarse con la concurrencia de peritos designados por el tribunal o por las partes, y a ella podrá\nanexarse la exhibición de cosas muebles, cuando sea necesaria para el reconocimiento judicial.\nA juicio del juez o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados.\nSección 7\na\nReconocimiento de Documentos Privados\nArtículo 188. \nReconocimiento potestativo. La persona que quiere reconocer un documento privado suyo podrá hacerlo\nante el juez, previa identificación.\nArtículo 189. \nSolicitud. Quien esté interesado en que una persona reconozca judicialmente un documento privado podrá\nsolicitarlo ante el juez.\nEl juez a quien se solicite el reconocimiento de alguno de los documentos expresados debe citar al que lo firmó o mandó a\nfirmar, para que lo reconozca bajo juramento, señalando al efecto el día y la hora en que ha de verificarlo.\nPracticado el reconocimiento, el juez debe mandar que se entregue el documento con la declaratoria al que la pidió para\nque use su derecho, si el documento no formara parte de un expediente.\nCapítulo VI\nDisposiciones Comunes a los Capítulos Anteriores\nArtículo 190. \nRecursos. El recurso de casación tendrá lugar contra las resoluciones de segunda instancia, proferidas por el\ntribunal superior de apelaciones, en los siguientes casos:\n1. Cuando se trate de sentencias que impongan las condenas civiles a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, u ordenen el\ndesmembramiento de una concentración.\n2. Cuando se trate de sentencias dictadas con motivo del ejercicio de una acción de clase.\n3. Cuando se trate de sentencias que impongan condenas por un monto de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) o más.\n4. Cuando se trate de sentencias dictadas por el tribunal superior de apelaciones, en los procesos sobre concentraciones \neconómicas.\n41No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nLas demás resoluciones que dicte el tribunal superior de apelaciones no admiten recurso de casación.\nSerán de competencia del tribunal superior de apelaciones, en única instancia, los procesos sobre concentraciones \neconómicas.\nArtículo 191. \nNorma supletoria. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en leyes especiales, igualmente le son\naplicables a la presente Ley las normas del Código Judicial siempre que se refieran a materia no regulada en ella.\nArtículo 192. Concepto de la Autoridad. En los procesos colectivos, el juez requerirá concepto a la Autoridad, y en las\nreclamaciones individuales, el juez podrá hacerlo a su discreción. La Autoridad enviará el concepto dentro del plazo\nimprorrogable de tres días, contado a partir del momento en que reciba la nota con copia de la actuación pertinente.\nArtículo 193. \nFunciones discrecionales de la Autoridad. En los procesos, la Autoridad tendrá a su cargo, sin perjuicio de\ncualquier otra que fuera necesaria para el eficaz desarrollo del procedimiento y para asegurar el cumplimiento de las\nresoluciones judiciales, las siguientes funciones discrecionales:\n1. Asesorar al juez sobre la adecuada representatividad de las agrupaciones postuladas para obrar en proceso, en defensa\nde intereses colectivos, y sobre la delimitación del grupo o categoría representado por la asociación legitimada, a efecto de\nindividualizar los sujetos a quienes se extenderán los efectos de la sentencia.\n2. Dictaminar sobre la funcionalidad técnica de las medidas cautelares y denunciar, ante el juez, el incumplimiento de\nestas por el sujeto responsable.\n3. Poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para la efectiva publicidad de los actos del proceso, y coadyuvar a\nla amigable composición del conflicto, elevando ante el juez un proyecto de solución para ser propuesto a las partes.\n4. Emitir opinión fundada sobre la determinación de la indemnización global y de la que correspondiera a los sujetos que \nobraran.\n5. Evacuar todas las vistas que se le requieran sobre los actos que impliquen disposición sobre el interés colectivo objeto\ndel proceso, como desistimientos, aceptación de pagos, transacciones o cualquier medio de extinción de las obligaciones\ndel responsable.\nArtículo 194. \nComunicación. En los procesos a que se refiere el numeral 3 del artículo 124, el juez comunicará a las\nentidades administrativas competentes en materia de derechos de propiedad intelectual de la admisión de la demanda.\nIgualmente, el juez les enviará una copia autenticada de las resoluciones en firme que, en cualquier forma, modifiquen,\ngraven, extingan o confirmen los derechos de propiedad intelectual protegidos de conformidad con las disposiciones\nlegales pertinentes.\nTítulo VII\nDisposiciones Finales\nCapítulo I\nRegulaciones al Comercio y a la Industria\nArtículo 195. \nRegulaciones al comercio y a la industria. Las regulaciones, los trámites, los registros y los controles para el\nejercicio del comercio y la industria, en general, y para la protección de la salud humana, animal o vegetal, para la\nseguridad pública, la protección del ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para el acceso al\nmercado nacional, de un mismo género de productos elaborados en el país o en el exterior, son los mismos,\nindependientemente del origen de los productos.\nLos procedimientos administrativos, para tales efectos, se rigen por los principios procesales, especialmente el de\nceleridad. Cumplidos los requisitos legales y verificado el cumplimiento de los requisitos sanitarios, la Administración\nPública debe resolver las solicitudes respectivas en un plazo no mayor de sesenta días calendario. Vencido el plazo sin\nque hubiera resolución expresa, se tendrá por autorizada la solicitud respectiva.\n42No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nPara resolver, la Administración Pública solamente podrá considerar si la solicitud cumple con los requisitos señalados en\nla ley. En caso de negarse la solicitud, se deberá consignar expresamente el requisito que no se ha llenado y la norma que\nno se ha cumplido, para que el solicitante, luego de cumplidos los requisitos legales, obtenga lo solicitado.\nEn caso de que la Administración Pública no hubiera resuelto la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, el\nsolicitante podrá presentar copia debidamente sellada de la solicitud y la certificación de que no ha sido negada, con lo\ncual podrá realizar todos los trámites que usualmente realizaría con la autorización respectiva. La Administración Pública\nestá obligada a contestar esta certificación en un plazo máximo de cinco días hábiles.\nEn materia de productos de consumo humano o que afecten la salud humana, se harán cumplir las normas industriales,\ntécnicas y de salud adoptadas por ley.\nArtículo 196. \nAtribución de la Autoridad. Los organismos y las entidades de la Administración Pública cuyas\ncompetencias tengan efectos sobre el comercio y la industria, a través de regulaciones para la protección de la salud, la\nseguridad, el ambiente y los estándares de calidad, o para cualquier otro propósito, realizarán un análisis que justifique\nesas regulaciones. El organismo o la entidad de que se trate eliminará o racionalizará, según proceda, todos los\nprocedimientos o los requisitos que resulten innecesarios. Al momento de entrar en vigencia esta Ley, el organismo o la\nentidad de que se trate revisará los procedimientos o los requisitos existentes, en un plazo de seis meses.\nLa Autoridad velará, permanentemente, por que estos trámites no se constituyan en barreras no arancelarias al comercio.\nPara valorar los trámites con dicho criterio, comprobará que los requisitos que se exijan sean esenciales, indispensables e\ninsustituibles, de acuerdo con el interés público para el acto administrativo de que se trate. Para tal efecto, requerirá del\norganismo o la entidad respectiva toda la información necesaria.\nLa Autoridad recomendará al Órgano Ejecutivo, mediante informe técnico-jurídico, que modifique, simplifique, elimine o\nsustituya cualquier trámite o requisito mediante el cual se regule el comercio, de modo que se promueva la competencia\nen el mercado.\nArtículo 197. \nRegistros. No habrá obligación de acreditar a un representante o distribuidor nacional, como requisito para\nobtener el registro sanitario de especialidades farmacéuticas y productos similares, alimentos y bebidas, productos\nagroquímicos o cualquier otro producto que se importe y comercialice en el país. El importador de los productos antes\nmencionados será el responsable legalmente ante las autoridades competentes.\nCualquier producto que cumpla los requisitos legales para su registro, importación o venta, en el territorio nacional, podrá\nser importado y comercializado por cualquier agente económico del mercado.\nEl Órgano Ejecutivo, mediante decreto, podrá elaborar una lista de países, cuyos altos estándares de calidad en la\nfabricación de los productos señalados en este artículo sean reconocidos internacionalmente. En este caso, se aceptarán\ncomo válidos el certificado de libre venta expedido por la autoridad sanitaria extranjera y sus certificaciones anexas sobre\nlos productos específicos, y se relevará a la autoridad sanitaria nacional de la realización del análisis de laboratorio\nseñalado por ley, para la obtención de los registros sanitarios. El Órgano Ejecutivo podrá excluir productos y países de\nesta lista cuando se determine que han perdido los altos estándares de calidad de fabricación por los cuales se les otorgó\neste beneficio.\nEste artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.\nArtículo 198. \nRacionalización de licencias. A partir de la incorporación de la República de Panamá a la Organización\nMundial del Comercio, no se requerirán licencias, permisos previos, cuotas, vistos buenos, criterios vinculantes o\ncualquier otra forma de autorización para la importación y exportación de bienes, salvo las acordes con esta Organización\no las que estén reguladas por convenciones internacionales suscritas por la República de Panamá.\nEl Estado establecerá los nuevos mecanismos jurídicos que sustituirán los controles mencionados, de conformidad con los\ncompromisos internacionales del país.\nCapítulo II\nRegulación de Precios\n43No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nArtículo 199. Regulación de precios. Excepcionalmente, el Órgano Ejecutivo formulará y reglamentará las políticas de\nregulación de precios, y la Autoridad las ejecutará, fijando temporalmente los precios de determinados bienes y servicios,\nsolo en situaciones en que se advierta la existencia de restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, o el inicio de\nuna conducta monopolística generalizada, por uno o varios agentes económicos con poder sustancial sobre el mercado\npertinente, que constituya una amenaza inminente contra el consumidor y la libre competencia, a fin de lograr la eficaz\nprotección de los intereses del consumidor.\nEsta regulación solo podrá ser ejercida sobre productos cuyo arancel de importación aplicado exceda el cuarenta por\nciento (40%) ad valórem y, por ser esta medida temporal, tendrá que motivarse y fundarse su adopción. En el caso de los\nhidrocarburos, los productos derivados del petróleo y los artículos de primera necesidad, solo será necesario el debido\nsustento para su adopción, sin la necesidad de que el arancel aplicado sea mayor del cuarenta por ciento (40%) ad \nvalórem.\nArtículo 200. \nBienes y servicios sujetos. Los bienes y servicios sujetos a la regulación de precios, a que se refiere el\nartículo anterior, serán determinados mediante decreto expedido por el Órgano Ejecutivo, previa consulta no vinculante a\nla Autoridad. En el decreto ejecutivo se establecerá que la medida quedará eliminada cuando hubieran desaparecido las\ncausas que motivaron su adopción, según se determine mediante resolución fundada.\nLa regulación tendrá una duración máxima de seis meses, salvo que se justifique su prórroga por periodos iguales, en\ntanto persistan las circunstancias originales que motivaron su adopción.\nJunto con la regulación, el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones del \nmercado.\nLos agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios cuyos precios sean objeto de regulación según\nlos artículos precedentes no incurren en prácticas monopolísticas por este hecho.\nArtículo 201. \nFijación de precios. La regulación de precios de los bienes y servicios se realizará mediante la fijación de\nun precio máximo de venta, utilizando como parámetro el precio internacional más el arancel aplicado o el precio\nnacional, el que sea más bajo de los dos. A este último precio se le agregará un margen de utilidad global razonable, de\nacuerdo con las características comerciales del producto y el mercado nacional.\nEn condiciones normales, la fijación del precio se realizará al nivel de mayorista, pero podrá fijarse al nivel de minorista\nsi las condiciones del mercado así lo requieren.\nArtículo 202. \nReferencia a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Toda referencia a la Comisión\nde Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, en leyes, decretos leyes, decretos reglamentarios y demás\ndisposiciones, así como en contratos, convenios o acuerdos anteriores a la presente Ley, se entenderá hecha respecto de la\nAutoridad, y los derechos, las facultades, las obligaciones y las funciones de aquella así establecidos se tendrán como\nderechos, facultades, obligaciones y funciones de esta, salvo disposición expresamente en contrario de la presente Ley.\nCapítulo III\nAsignación, Modificación, Derogación y Vigencia\nArtículo 203. \nAsignaciones presupuestarias y estructura de personal. Se mantienen vigentes las asignaciones\npresupuestarias para la vigencia fiscal 2007, así como la estructura, el organigrama y demás acciones de personal vigentes\npara la Autoridad.\nArtículo 204. Modificación. Los numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 6 de 2006 quedan así:\nArtículo 37. Constituyen infracciones, en materia urbanística, los siguientes hechos:\n...\n1. Anunciar por medios publicitarios la venta de terrenos, de parcelaciones, de urbanizaciones y de edificaciones,\nque no cuenten con la aprobación del anteproyecto del plano correspondiente. \n44No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n...\n5. Realizar trabajos de parcelación, urbanización y edificación, así como la ocupación de obras, no autorizados por\nlas autoridades urbanísticas.\n...\nArtículo 205. \nDerogación y modificación. La presente Ley deroga la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, el Decreto Ley 9 de\n20 de febrero de 2006 y el artículo 46 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007, y modifica los numerales 2 y 5 del artículo 37\nde la Ley 6 de 1 de febrero de 2006.\nArtículo 206. \nVigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.\nCOMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.\nProyecto de Ley 317 de 2007 aprobado en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los\nveintidós días del mes de octubre del año dos mil siete.\n \n \n \n45No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n \n \nPara dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 777 del Código de Comercio, hago del conocimiento público que\nhe realizado el traspaso del registro comercial \"tipo A\" con domicilio en el Corregimiento de Belisario Porras, vía\ncircunvalación, Samaria, Sector 4 La Estrella, Proyecto I-207, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá, el cual se\ndedicará a los servicios de Barbería y Sala de Belleza en General. Al señor Isidro Alveo Aguilar con cédula 8-754-763. El\npresente registro 2002-4653 mediante Resolución 2002-5871 del día 12 de agosto del 2002. Atentamente, Raúl Rolando \nRamos Cédula 8-513-153. L.201-257774. Tercera Publicación.\n__________\nPor este medio se le informa al público en general, que el local denominado Abarrotería y Bodega Dragón Dorado,\nRegistro Comercial No.2004-5171, Tipo B, propiedad de Lina Cai, con cédula No.8-758-1759, ha sido traspasado a Erika\nLui, con cédula No.8-827-2097, el cual está ubicado en el Distrito de San Miguelito, Corregimiento Arnulfo Arias, Sector\nCerro Batea, Valle de Urraca, Casa 0-181. L.201-258333. Segunda Publicación.\n__________\nPor medio de la Escritura Pública No.22,651 de 19 de octubre de 2007, de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá,\nregistrada el 29 de octubre de 2007, a la Ficha 338833, Documento 1233427, de la Sección de (Mercantil) del Registro\nPúblico de Panamá, ha sido disuelta la sociedad \"SONAREX, S.A.\" L.201-258424.\n_________\n \n \n \nRepública de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Región No.2, Veraguas EDICTO No.362-2007 El Suscrito\nFuncionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Provincia de Veraguas al Público Hace\nSaber Que el señor (a) (ita) FRANCIA ICELA PALACIOS CAMAÑO vecino de La Concepción Corregimiento de\nCarlos Santana Ávila Distrito de Santiago, portador de la cédula No.4-126-2094 ha soliciatado a la Dirección Nacional de\nReforma Agraria, mediante Solicitud No.9-84-17 plano aprobado No.99-01-7653, adjudicación de un título oneroso de\nuna parcela de tierra baldías Nacionales, adjudicable, con una superficie de 0Has.+0624.28 m2., ubicadas en La\nConcepción, Corregimiento de Carlos Santana Ávila, Distrito de Santiago, Provincia Veraguas, comprendido dentro de\nlos siguientes linderos. Norte: José Manuel Jaén y Vereda de 3 metros de ancho. Sur: Calle sin nombre de 12 metros de\nancho a los Cañales. Este: Audino García. Oeste: Vereda de 3 metros de ancho. Para los efectos legales se fija este edicto\nen un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado\npara que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código\nAgrario. Este edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Dado en la ciudad de\nSantiago, 19 de octubre de 2007. Magíster Abdiel Abrego, Funcionario Sustanciador. Sra. Ana E. Adames, Secretaria\nAd-Hoc. L.201-256124\n46No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n_________\nRepública de Panamá, Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No. \nEDICTO No.535-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo\nAgropecuario de Chiriquí al Público Hace Saber: Que el Señor (a): IRIS MARIBEL CABALLERO vecino del\nCorregimiento de Los Anastacios Distrito de Dolega, portador de la cédula personal No.4-153-969, ha solicitado a la\nDirección de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 4-0417, según plano aprobado No.407-03-20961, la Adjudicación a\nTítulo Oneroso, de una parcela de Tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 0 há.+0151.62 m2., ubicada\nen Caimito, Corregimiento de Los Anastacios, Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí, cuyo linderos son los siguientes:\nNorte: Raquel Arauz de González. Sur: Escuela Primaria de Caimito. Este: Raquel Arauz de González, Calle. Oeste:\nRaquel Arauz de González, Escuela Primaria de Caimito. Para efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de\neste Despacho, en la Alcaldía de Dolega o en la Corregiduría de Los Anastacios y copias del mismo se entregarán al\ninteresado para que las haga publicar en los órganos de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el Art. 108 del\nCódigo Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de su última publicación. Dado en David a\nlos 20 días del mes de agosto de 2007. (fdo.) Ing. Fulvio Arauz G. Funcionario Sustanciador. (fdo.) Elvia Elizondo\nSecretaria Ad-Hoc. L.201-247900.\n__________\nRepublica de Panamá Municipio de Arraiján EDICTO No.63-07. Arraiján, 24 de octubre de 2007. El Suscrito Alcalde del\nDistrito de Arraiján, Hace Saber: Que JAIME NAUDIMAR QUINTERO CASTILLO portador (a) de la cédula de\nidentidad personal No.8-801-2498 con domicilio en Vista Alegre, Vacamonte, ha solicitado a este despacho la\nAdjudicación a Título de Compra y Venta, de un lote de terreno que forma parte de la Finca 3843 inscrita al Tomo 78\nFolio 260 de propiedad de este Municipio, ubicado en Nvo Emperador con un área de 1432.78 mts2. y Plano\nNo.80103-111118, dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Calle Palma Real y mide: 32.865 mts. Sur: Lote\nNo.16 y 23 y mide: 43.55 mts. Este: Lote No.50 y mide: 36.83 mts. Oeste: Calle Marañón y mide: 38.48 mts. Para que\ndentro del término de dos (2) días siguientes a la última publicación se hagan valer los derechos a que haya lugar. En\natención a lo que dispone el Artículo Séptimo del Acuerdo No.22 del 1º de junio de 2004, se ordena la publicación del\npresente edicto, por tres (3) consecutivos en un periódico de circulación nacional y por Diez (10) días en la Secretaría\nGeneral de este Despacho, copias del mismo se entregarán al interesado para tal efecto. Fíjese y Publíquese, (fdo.) Alcalde\nMunicipal. (fdo.) Secretaria General. L.201-258035.\n_________\nRepública de Panamá Municipio de Arraiján EDICTO No.64-07. Arraiján, 8 de octubre de 2007. El Suscrito Alcalde del\nDistrito de Arraiján, Hace Saber: Que ADAMEVIS MUÑOZ portador (a) de la cédula de identidad personal\nNo.7-707-2001 con domicilio Nuevo Emperador, El Cope, ha solicitado a este despacho la Adjudicación a Título de\nCompra y Venta, de un lote de terreno que forma parte de la Finca 3843 inscrita al Tomo 78 Folio 260 de propiedad de\neste Municipio, ubicado en Nuevo Emperador con un área de 1 has+0,620.02 m2. y Plano No.80103-111889, dentro de\nlos siguientes linderos y medidas: Norte: ocupado por Eduardo Pacheco y mide: 32.325 m2. Sur: finca 133198; Rollo\n14292; doc 9 y mide: 89.988 m2. Este: finca 133198; Rollo 14292; doc 9 y mide: 220.623 m2. Oeste: ocupado por\nEduardo Pacheco y mide: 204.123 m2. Para que dentro del término de dos (2) días siguientes a la última publicación se\nhagan valer los derechos a que haya lugar. En atención a lo que dispone el Artículo Séptimo del Acuerdo No.22 del 1º de\njunio de 2004, se ordena la publicación del presente edicto, por tres (3) consecutivos en un periódico de circulación\nnacional y por diez (10) días en la Secretaría General de este Despacho, copias del mismo se entregarán al interesado para\ntal efecto. Fíjese y Publíquese, (fdo.) Alcalde Municipal. (fdo.) Secretaria General. L.201-258032.\n_________\nEDICTO No. 249 Dirección de Ingeniería Municipal de La Chorrera - Sección de Catastro. Alcaldía Municipal del\nDistrito de La Chorrera. El Suscrito Alcalde del Distrito de La Chorrera, Hace Saber: Que el Señor (a) JACINTO\nCEDEÑO TORRERO, panameño, mayor de edad, soltero, Estudiante, residente en Sta. Librada No.2, con cédula de\nidentidad personal No.8-474-797. En su propio nombre o en representación de su propia persona ha solicitado a este\nDespacho que se le adjudique a Título de plena Propiedad, en concepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano,\nlocalizado en el lugar denominado Calle El Cacique de la Barriada Sta. Librada No.2, Corregimiento de El Coco, donde\nhay una casa, distinguido con el número ---- y cuyo linderos y medidas son los siguientes: Norte: Resto de la Finca 6028,\nTomo 194, Folio 104 propiedad del Municipio de La Chorrera con: 34.17 mts. Sur: Servidumbre con: 53.78 mts. Este:\nResto de la Finca 6028, Tomo 194, Folio 104 propiedad del Municipio de La Chorrera con: 29.87 mts.. Oeste: Calle El\n47No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nCacique con: 22.50 mts. Área Total del Terreno: Mil Nueve Metros Cuadrados con Seis Mil ochocientos Noventa y Un\nCentímetros Cuadrados (1,009.6891mts.2). Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo Municipal No.11-A, del\n6 de marzo de 1969, se fija el presente Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de Diez (10)\ndías, para que dentro de dicho plazo o término pueda oponerse la (s) que se encuentran afectadas. Entrégueseles, senda\ncopias del presente Edicto al interesado, para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la\nGaceta Oficial. La Chorrera, 06 de septiembre de dos mil siete. Alcalde (fdo.) Licdo. Luis A. Guerra M. Jefe de la Sección\nde Catastro, Srita. Iriscelys Díaz G. (fdo.) Srita. Iriscelys Díaz G., Jefe de la Sección de Catastro Mpal. L.201-257879.\n_________\nEDICTO No. 294 Dirección de Ingeniería Municipal de La Chorrera - Sección de Catastro. Alcaldía Municipal del\nDistrito de La Chorrera. El Suscrito Alcalde del Distrito de La Chorrera, Hace Saber: Que el Señor (a) ROSA ORTEGA\nDE TORRENTE, mujer, panameña, mayor de edad, Casada, Oficio Ama de Casa, residente en Calle del Puerto, Casa\nNo.3527, Teléfono No.253-2472, portadora de la cédula de identidad personal No.8-183-107. En su propio nombre o en\nrepresentación de su propia persona ha solicitado a este Despacho que se le adjudique a Título de plena Propiedad, en\nconcepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado Calle 26 Sur de la Barriada\nBarrio Balboa, Corregimiento de Barrio Balboa, donde se llevará a cabo una construcción, distinguido con el número ----\ny cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: Resto de la Finca 6028, Tomo 194, Folio 104 ocupado por: Pedro\nAyala con: 2.71 mts. Sur: Calle \"R\" Este con: 2.74 mts. Este: Calle 26 Sur con: 21.26 mts. Oeste: Finca 46882, Tomo\n1114, Folio 106, prop. de Rosa M. Ortega de Torrente con: 21.093 mts. Área Total del Terreno: Cincuenta y Siete Metros\nCuadrados Cuarenta y Tres Decímetros Cuadrados (57.43mts.2). Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo\nMunicipal No.11-A, del 6 de marzo de 1969, se fija el presente Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por\nel término de Diez (10) días, para que dentro de dicho plazo o término pueda oponerse la (s) que se encuentran afectadas.\nEntrégueseles, senda copias del presente Edicto al interesado, para su publicación por una sola vez en un periódico de\ngran circulación y en la Gaceta Oficial. La Chorrera, 12 de octubre de dos mil siete. Alcalde (fdo.) Licdo. Luis A. Guerra\nM. Jefe de la Sección de Catastro, Srita. Iriscelys Díaz G. (fdo.) Srita. Iriscelys Díaz G., Jefe de la Sección de Catastro\nMpal. L.201-258008.\n_________\nEDICTO No. 318 Dirección de Ingeniería Municipal de La Chorrera - Sección de Catastro. Alcaldía Municipal del\nDistrito de La Chorrera. El Suscrito Alcalde del Distrito de La Chorrera, Hace Saber: Que el Señor (a) YARIZETH\nYSSADIA TORRENTE ORTEGA, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, residente en Barrio Colón, Teléfono\nNo.253-6395, portadora de la cédula de identidad personal No.8-505-490. En su propio nombre o en representación de su\npropia persona ha solicitado a este Despacho que se le adjudique a Título de plena Propiedad, en concepto de venta de un\nlote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado Calle al Río de la Barriada Raudal No.3,\nCorregimiento de El Coco, donde se llevará a cabo una construcción, distinguido con el número ---- y cuyos linderos y\nmedidas son los siguientes: Norte: Resto de la Finca 6029, Tomo 194, Folio 104 propiedad del Municipio de La Chorrera\ncon: 74.413 mts. Sur: Resto de la Finca 6028, Tomo 194, Folio 104 propiedad del Municipio de La Chorrera con: 75.665\nmts. Este: Calle al Río con: 37.555 mts. Oeste: Vértice con: 0.10 mts. Área Total del Terreno: Mil Trescientos Sesenta y\nTres Metros Cuadrados con Sesenta y Cuatro Decímetros Cuadrados (1,363.64 mts.2). Con base a lo que dispone el\nArtículo 14 del Acuerdo Municipal No.11-A, del 6 de marzo de 1969, se fija el presente Edicto en un lugar visible al lote\nde terreno solicitado, por el término de Diez (10) días, para que dentro de dicho plazo o término pueda oponerse la (s) que\nse encuentran afectadas. Entrégueseles, senda copias del presente Edicto al interesado, para su publicación por una sola\nvez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta Oficial. La Chorrera, 19 de octubre de dos mil siete. Alcalde (fdo.)\nLicdo. Luis A. Guerra M. Jefe de la Sección de Catastro, Srita. Iriscelys Díaz G. (fdo.) Srita. Iriscelys Díaz G., Jefe de la\nSección de Catastro Mpal. L.201-258007.\n_________\nRepublica de Panamá Ministerio De Desarrollo Agropecuario Dirección Regional de Reforma Agraria Región No.7,\nChepo EDICTO No. 8-7-177-2007. El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria,\nen la Provincia de Panamá, Hace Saber: Que el Señor RODOLFO DEL CARMEN RODRÍGUEZ ZAMBRANO,\nvecinos de Pedregal, Corregimiento de Pedregal, del Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, portador de la cédula de\nidentidad personal No.8-130-241, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud\nNo.8-64-1983, del 30 de marzo de 1983, según plano No.84-04-7026, la adjudicación del título oneroso de una parcela de\ntierra patrimonial adjudicables con una superficie total de 64 Has + 1425.815 m2, que forman parte de la Finca No.94693,\nRollo No.2987, Doc. No.12, Propiedad del Mida. El terreno esta ubicado en la localidad de Cuarenta Bollo,\n48No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\nCorregimiento de El Llano, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:\nNorte: Víctor Garrido Luna. Sur: Río Bayano. Este: Leovigildo del Mar y Nicasio Romero Salazar. Oeste: Víctor Garrido\nLuna. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de\nChepo, o en la corregiduría de El Llano, copia del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los\nórganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una\nvigencia de quince (15) días a partir de su última publicación. Dado en Chepo, a los 15 días del mes de octubre de 2007.\n(fdo.) Lic. Juan E. Chen Rosas, Funcionario Sustanciador. (fdo.) Anyuri Rios, Secretaria Ad-Hoc. L.201-258024.\n_________\nRepública de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No. 2,\nVeraguas, EDICTO No. 363-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en\nla Provincia de Veraguas, al público Hace Saber: Que el señor (a) ASOCIACIÓN DE MUJERES CARRIZALEÑAS\nUNIDAS, REPRESENTANTE LEGAL EDIOFELINA FUENTES GONZALEZ, Vecino de Carrizal, Corregimiento\nde Río Grande, Distrito de Soná, portador de la Cédula No.9-705-470, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma\nAgraria, mediante solicitud No.9-616, plano aprobado No.911-09-13133, Adjudicación de un título oneroso de una\nparcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 0 has.+0135.73 m2. ubicadas en Carrizal,\nCorregimiento de Río Grande, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos:\nNorte: Lucas Centeno González. Sur: Camino de 15.00 metros de ancho a Carrizal. Este: Lucas Centeno González. Oeste:\nCarretera de Asfalto de 15.00 metros de ancho a Guarumal y hacia El tigre de Los Amarillos. Para los efectos legales se\nfija el presente edicto en un lugar visible de este despacho y en la Alcaldía del Distrito de Soná y copia del mismo se\nentregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el\nartículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de su última publicación.\nSantiago, 23 de octubre de 2007. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego C., Funcionario Sustanciador. (fdo.) Ana E. Adames,\nSecretaria Ad-Hoc. L.201-256492.\n_____________\nRepública de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No. 2,\nVeraguas, EDICTO No. 367-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en\nla Provincia de Veraguas, al público Hace Saber: Que el señor (a) SARA TEJEDOR DE BATISTA, vecino de Aguas\nLimpias, Corregimiento de Carlos Santana Ávila, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-82-1703, ha solicitado\na la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-323 del 21 de junio de 2006, según plano aprobado\nNo.910-09-13182, la adjudicación de título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable con una superficie de\n0 has.+713.78 m2., que forma parte de la Finca No.189, Rollo 15469, Documento 14, propiedad del Ministerio de\nDesarrollo Agropecuario. El terreno esta ubicado en la localidad de Aguas Limpias, Corregimiento de Carlos Santana\nÁvila, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Máxima Cortez.\nSur: Baudilio Cortez. Este: Heliodoro Pinzón, Natividad González. Oeste: Servidumbre de 12.80 metros de ancho a otros\nlotes a la Carretera Interamenricana (C.I.A.). Para los efectos legales se fija el presente edicto en un lugar visible de este\ndespacho y en la Alcaldía de Santiago, y copia del mismo se entregará al interesado para que los haga publicar en los\nórganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una\nvigencia de quince (15) días a partir de su última publicación. Santiago, 26 de octubre de 2007. (fdo.) Magíster Abdiel\nAbrego C., Funcionario Sustanciador. (fdo.) Ana E. Adames, Secretaria Ad-Hoc. L.201-257243.\n_____________\n \n \n \n \n \n49No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\n\n \n50No 25914Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007","norms":[{"id":"47c35d56-1704-490d-be98-af535b30d87b","createdAt":"2023-05-23T15:00:53.481Z","updatedAt":"2023-05-23T15:00:53.481Z","number":"45","nomenclature":null,"publishedAt":"2007-10-31T00:00:00.000Z","publishedAtSearch":"31/10/2007","year":2007,"typeNormId":"71daea23-adf5-4d64-9fd5-556abf738648","authorityId":"9b935961-a40d-478d-8372-2283cd8c5c22","title":"QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION.","gazetteId":"853e2dc7-8356-445c-877c-2006fe127893","normUrl":"https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/NORMAS/2000/2007/LEY/Administrador%20Legispan_25914_2007_11_7_ASAMBLEA%20NACIONAL_45.pdf","lawUrl":null,"procedureUrl":"https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/NORMAS/2000/2007/LEY/Administrador%20Legispan_25914_2007_11_7_ASAMBLEA%20NACIONAL_45/procedure.pdf","procedureNumber":"317","procedureYear":"2007","content":null}]}